Adolescentes, en la mira del crimen organizado: se disparan delitos cometidos por jóvenes en México

En México, el crimen organizado ha encontrado una nueva y preocupante fuente de operaciones: los adolescentes. Según datos del INEGI, entre 2021 y 2023, el número de jóvenes imputados por la presunta comisión de un delito creció más del 40%, una tendencia que evidencia la vulnerabilidad de esta población frente a los grupos delictivos.

Juan Martín Pérez, coordinador de la red Tejiendo Redes Infancia, lo resume con contundencia: “Muchos adolescentes se ven vinculados en la utilización de los grupos criminales, siguen con uniforme escolar, viven en su casa, pero tienen un teléfono celular para reportar movimientos de posibles grupos criminales adversarios o de las fuerzas de seguridad”.

Durante el año 2023, se registraron 32 mil 852 adolescentes señalados por cometer presuntamente algún ilícito. De ellos, 8 de cada 10 eran hombres, una proporción que refleja cómo la violencia y el entorno criminal impactan de forma desigual según el género.

Los cinco delitos más frecuentes cometidos por adolescentes fueron: lesiones, robo, amenazas, abuso sexual y narcomenudeo.

Además del incremento de detenciones, las organizaciones criminales han implementado un sistema de explotación laboral encubierta, donde los adolescentes son usados como transportistas de armas, trabajadores en laboratorios de drogas o incluso intermediarios de extorsión.

“Y tenemos a las víctimas de reclutamiento que pueden estar literalmente explotadas laboralmente en laboratorios, digamos, de drogas, en el empacamiento de la marihuana, en el traslado de armas, traslado hormiga o incluso yendo a recoger la extorsión”, explicó Juan Martín Pérez.

Seis entidades concentran más de la mitad de los ingresos a centros de internamiento juvenil: Estado de México, Ciudad de México, Sonora, Baja California, Aguascalientes y Chihuahua, con un 54.4% del total nacional. Esto refleja patrones geográficos del reclutamiento y exposición de los adolescentes a entornos de violencia estructural.

Más allá del delito, los expertos apuntan a una responsabilidad institucional ausente. Juan Martín Pérez no dudó en señalar que, durante el sexenio anterior, “en los seis años de López Obrador se negó a sesionar como presidente del Sistema Nacional de Protección Integral y llevamos aproximadamente ocho meses de esta nueva administración con la presidenta Claudia y aún no hay fecha para que sesione como jefa del Estado”.

Este abandono, insiste, es parte del problema estructural que permite que miles de menores de edad sean presa fácil para redes delictivas, al no existir una política pública robusta de prevención, atención y reintegración social.