Comprar una casa o un terreno de por sí ya es difícil en la Ciudad de México, ahora imagine tener que pelear durante una década para recuperar lo que legalmente es suyo. Es el calvario del señor Juan Daniel Zamora, quien lleva casi 10 años de su vida luchando contra el despojo. A don Daniel no solo le arrebataron un predio en la capital del país; le quitaron su tiempo, su tranquilidad y también su salud.
El desgaste de enfrentar al sistema y a las redes de invasores ya cobró facturas graves en su propio cuerpo. “Tuve un infarto... Es derivado, pues, de tanto estrés”, relató la víctima, evidenciando las secuelas físicas que provoca el laberinto de la impunidad en la metrópoli.
El modus operandi del Frente Popular Francisco Villa en Iztacalco
La historia comenzó en 2017 en la alcaldía Iztacalco, cuando un grupo de personas lo sacó con violencia de su predio. Don Daniel identificó de forma directa a la organización corporativa que operó el desalojo ilegal: “Fui despojado aparentemente por gente, integrantes del Frente Popular Francisco Villa”, una agrupación con un largo historial de invasiones bajo el amparo político en la Ciudad de México.
Desde entonces, el afectado emprendió una agotadora batalla legal ante las autoridades de procuración de justicia. Sin embargo, el caso demuestra la indefensión que sufren los propietarios en la capital: a pesar de contar con sus escrituras notariales en regla y debidamente registradas, don Daniel no ha podido recuperar su propiedad debido a la parálisis de los juzgados y las fiscalías locales.
¿Cuál es la propuesta de Alerta Inmobiliaria? Ante las 30 mil carpetas de despojo
El drama de este terreno en Iztacalco no es un hecho aislado. De acuerdo con legisladores del Congreso de la Ciudad de México, los despojos en la capital del país van en aumento y se han convertido en un negocio criminal en franca expansión. El diputado local del PAN, Diego Garrido, alertó sobre la gravedad y la escala de este delito en los últimos años: “En los últimos siete años hay más de 30 mil carpetas de investigación sobre el delito de despojo”.
Ante esta ola de invasiones, Garrido presentó una iniciativa para crear una “Alerta Inmobiliaria”, un mecanismo preventivo que busca que el Registro Público de la Propiedad avise de inmediato a los dueños legítimos si alguien intenta hacer alguna modificación o movimiento sospechoso en el estatus legal de su inmueble. “Como quiera el ciudadano, por la vía de un mensaje de texto, por la vía de WhatsApp, por la vía de correo electrónico”, explicó el legislador sobre la operatividad del sistema.
Sin embargo, la alerta preventiva sería limitada si la impunidad termina por cobijar a invasores como los que marcaron la vida de don Daniel, quien el pasado 17 de abril de 2026, durante una audiencia ante el juez, resumió el sentir de miles de afectados: “Las autoridades están más con los delincuentes que uno como víctima”.
