México enfrenta una crisis de 134 mil desaparecidos, de acuerdo con cifras oficiales del Comité Nacional de Búsqueda. Ante ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a atender este dramático escenario, en donde las madres que buscan a sus hijos enfrentan la indiferencia de las autoridades.
Testimonios de madres buscadoras: 15 años de impunidad y negligencia
Tal es el caso de Hermelinda Ruiz Compeán, madre buscadora de 74 años, lleva 15 años buscando a su hijo Roberto Córdoba, desaparecido en Tamaulipas. “Hay dos razones por las que lo dejaría de buscar: o lo encuentro o me muero”, declaró con voz firme a Azteca Noticias.
A pesar de sus esfuerzos, en los últimos 8 años la situación empeoró porque las autoridades desaparecen a los desaparecidos, ya que extravían sus expedientes y “luego cuando encuentran los cuerpos, los vuelven a desaparecer”.
En una situación similar está Elvia Cancela, quien viajó desde Xalapa para exponer su caso ante la CIDH. Ella refiere que las autoridades ya tienen muestras genéticas necesarias, pero siempre que van, “nunca hay respuesta. Nada más nos dan el avionazo, como decimos los jarochos”.
¿Qué dice el informe de la CIDH sobre la colusión con el crimen organizado?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su último informe, resalta los vínculos entre funcionarios y crimen organizado como causa principal. Sin embargo, las autoridades minimizan el informe de la CIDH, que califica la crisis como generalizada.
El reclamo de las familias ante la omisión de las autoridades mexicanas
La relatora de la CIDH para México, Andrea Viviana Pochak, detalla casos extremos. “Se registran desapariciones por parte del crimen organizado en connivencia con agentes estatales… Documentó casos especialmente dramáticos en los que han desaparecido casi todos los integrantes de las familias mexicanas”.
La CIDH vincula directamente al crimen organizado con autoridades locales y federales. Este informe aterrorizaría en cualquier país, pero en México lo atenúan desde el gobierno. Las madres buscadoras insisten: el mayor problema radica en la omisión de un gobierno negligente que no atiende ni la crisis de desaparecidos ni la violencia criminal.