La realidad operativa de diversos puntos de venta de la red de tiendas del Bienestar contrasta de forma drástica con los reportes oficiales.
En múltiples establecimientos de este programa no queda absolutamente nada disponible para el público, una situación de abandono que se ha prolongado a lo largo de un periodo de tres a cuatro meses en los que los locales permanecen totalmente vacíos.
Tiendas sin insumos, pero con registro activo
Las estructuras comerciales lucen desprovistas de mercancía, careciendo por completo de un solo artículo para ofrecer a la población.
Esta condición de desabasto generalizado convierte a los locales en comercios de carácter virtual o inexistente en la práctica.
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Aunque las ventanillas y estanterías se encuentran sin insumos de primera necesidad, el aparato burocrático mantiene el registro oficial de que dichas sucursales están activas, lo que se traduce en una estrategia para abultar las estadísticas de cobertura del Gobierno.
Irregularidades financieras y fiscalización del gasto público
Detrás de la falta de productos en los exhibidores se esconde un esquema de mal manejo de los recursos fiscales.
La Auditoría Superior de la Federación identificó inconsistencias económicas que superan los 900 millones de pesos, dinero relacionado con transacciones indebidas, erogaciones por mercancías que nunca existieron o compras efectuadas con costos inflados durante el periodo fiscal de 20.
A este escenario se suma el hallazgo de prestadores de servicios inexistentes o inactivos. Un caso emblemático documenta el desembolso de 973,000 pesos realizado en diciembre de 2023 a favor de un individuo que había perdido la vida desde febrero de ese periodo anual.
En la práctica, muchos de estos espacios únicamente conservan las estructuras metálicas de los anaqueles, mientras que otros tantos apenas ofertan una cantidad mínima de productos cuyos costos oscilaban en niveles accesibles o regulares.
Tiendas del Bienestar cierran antes del tiempo establecido
El problema de atención comunitaria es constatable en las zonas populares de la Ciudad de México.
En una inspección realizada a una de estas sucursales, localizada en la demarcación territorial de Iztapalapa, se evidenció el fallo en los compromisos de servicio.
El anuncio oficial del establecimiento fija un horario de atención que inicia a las 06:30 horas y concluye a las 13:00 horas; sin embargo, al registrarse las 12:00 horas, el punto de venta ya se encontraba con las puertas cerradas al público.
Los testimonios directos confirman que estos comercios no generan márgenes de utilidad en ningún aspecto, ya que los volúmenes de comercialización actuales resultan insuficientes para lograr el autofinanciamiento de los locales.
Presupuesto asignado y discrepancia en las cifras oficiales
La asignación de fondos públicos para estos proyectos mantiene una tendencia al alza a pesar de las fallas operativas. Para el periodo correspondiente al año 2026, las autoridades ya etiquetaron un monto superior a los 2.64 millones de pesos destinados a este rubro.
Críticos del programa señalan que estos recursos económicos terminan favoreciendo a sectores cercanos a la administración, sin importar que los encargados del surtido incumplan con las entregas o distribuyan los alimentos con costos por encima del valor real del mercado.
La administración federal asegura de manera pública que la infraestructura nacional comprende una red con más de 25,000 sucursales distribuidas en el territorio mexicano.
No obstante, las evidencias visuales obtenidas en la propia capital del país demuestran que una parte considerable de los locales no cuentan con mercancía suficiente para operar o simplemente permanecen cerrados.
