El despliegue masivo de fuerzas federales y estatales para dar con el paradero de los mineros desaparecidos de Vizsla Silver arrojó nuevos resultados en materia de seguridad. Durante los recorridos de reconocimiento en la zona serrana de Concordia, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) y el Ejército Mexicano lograron la captura de una pareja en posesión de armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
La detención se registró en las inmediaciones del poblado La Concepción. De acuerdo con el reporte oficial emitido este 3 de febrero de 2026, los agentes visualizaron a un hombre y una mujer que, al notar la presencia del convoy militar y policial, intentaron emprender la huida sin éxito.
El arsenal asegurado: Portaban un SCAR
Tras interceptarlos, los uniformados realizaron una inspección que confirmó la peligrosidad de los sospechosos. Entre sus pertenencias se aseguró un fusil SCAR Multi-Caliber 7.62x51 mm, un arma de alto poder utilizada por fuerzas especiales, además de:
- Una pistola Glock calibre .40.
- Cargadores para ambas armas.
- Más de 50 cartuchos útiles de distintos calibres.
Ambos detenidos y el material bélico fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica y su posible vinculación con grupos delictivos que operan en la región.
Avanza la búsqueda de los mineros: Van 5 cateos
Esta detención se da en el marco de la intensa búsqueda de los 10 trabajadores mineros privados de su libertad desde finales de enero. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que la estrategia de rastreo se ha intensificado con el apoyo de helicópteros y la ejecución de cinco cateos: cuatro en puntos estratégicos de la sierra y cabecera de Concordia, y uno más en Mazatlán, donde ya se han localizado pertenencias que se integran a la carpeta de investigación.
Pese a la magnitud del caso, la Fiscal General, Claudia Zulema Sánchez Kondo, reveló un dato preocupante: de los 10 trabajadores reportados como desaparecidos, solo existen denuncias formales por cinco de ellos.
Las familias que han acudido a las autoridades provienen de Zacatecas, Sonora y Guerrero. Sin embargo, la Fiscalía ha hecho un llamado urgente al resto de los familiares y a la empresa minera para formalizar las denuncias faltantes y tener certeza jurídica sobre el número total de víctimas que el Estado debe localizar.
