La reciente decisión de la nueva Suprema Corte ha generado preocupación entre más de un centenar de colectivos y defensores de derechos humanos, quienes advierten un grave retroceso en la protección a las víctimas de violencia y violaciones a derechos fundamentales.
¿Cuál fue la decisión de la nueva Corte?
Para la nueva Corte, parece que no son prioridad las víctimas de la violencia y de violaciones a derechos humanos.
“La nueva Suprema Corte le dio la espalda a las víctimas, en lugar de asegurar un presupuesto mínimo para medidas de ayuda, asistencia, reparación, decidió convalidar, decidió avalar una reforma que ya había sido declarada inconstitucional", dijo José de Jesús Segovia, abogado del Centro Prodh A.C.
Más de 100 colectivos y organizaciones de la sociedad civil, señalan que la nueva corte: le dio la espalda a las víctimas al reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de reformas regresivas a la Ley General de Víctimas, que eliminaron la garantía de un presupuesto mínimo para medidas de ayuda, atención y reparación.
Eso fue impugnado en su momento por el Centro Prodh, a través de la vía del amparo, para más de una centena de organismos firmantes, resulta grave que se vulnere el principio de cosa juzgada.
“No puede adoptar medidas regresivas, no puede violentar el debido proceso, la cosa juzgada, abriendo cosas que ya había decidido la anterior corte", dijo José de Jesús Segovia, abogado del Centro Prodh A.C.
Según los defensores de derechos humanos, las personas que menos recursos tienen son precisamente las más afectadas.
“El decir que esta nueva corte está cercana a la gente, que escucha la voz del pueblo, y que precisamente estamos ante un nuevo escenario para poder atender a los actores más afectados por la violencia, por las graves violaciones a derechos humanos, pues resulta que toman una decisión que es regresiva”, dijo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Para el año 2026, el presupuesto de egresos establece un monto de 692 millones de pesos para las víctimas, pero para cumplir con la garantía del mínimo presupuestal, se deberían destinar al menos 913 millones de pesos.