El Gobierno de México prefiere confrontar a quienes denuncian los crímenes en México y rechaza las cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un organismo internacional que advierte una realidad aterradora: en nuestro país desaparece una persona cada 30 minutos. En medio de esta crisis de derechos humanos, el hartazgo ciudadano estalla.
Soraya Ana y Gonzalo Moreno buscan a su hijo, víctima de desaparición en 2021 junto con otros 11 jóvenes en un bar de Mexicali. Desde aquel día, acuden cientos de veces a la explanada de los Tres Poderes del Estado en Baja California, pero de las autoridades solo reciben puertas cerradas y evasivas.
Ante la omisión del Estado, familias de desaparecidos crean su propio organismo de investigación
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 9, 2026
Hartos de las puertas cerradas y la inacción de las autoridades en Baja California, padres de jóvenes desaparecidos en Mexicali integraron una "Comisión de la Verdad" ciudadana.… pic.twitter.com/jFGsa0raIx
Desapariciones en Baja California: Represión e inacción institucional
El camino de estas familias choca de frente contra el muro oficial. En noviembre de 2022, Soraya enfrentó la represión directa durante la presentación de una glosa del Secretario General de Gobierno.
“La instrucción era no dejarnos pasar”, relata la madre buscadora tras sufrir empujones y agresiones por parte de los elementos de seguridad.
Para ella, la omisión oficial es sistemática. “Cambian los actores políticos, pero la inacción es la misma. Enviamos oficios y no los responden; la desatención y la victimización continúan intactas”, denuncia con dolor.
Su esposo, Gonzalo Moreno, confirma esta parálisis institucional. “Lamentablemente, la condición imperante es una puerta cerrada. No creemos en las cifras bajas de violencia ni en la disminución de homicidios. Existe una ausencia total de estrategia para atender la crisis que vivimos, no solamente en Baja California, sino en todo México”.
Crean la Comisión de la Verdad; iniciativa ciudadana inédita en el país
Frente a la dolorosa apatía de las autoridades, los padres tomaron una decisión histórica. Hoy reclutan a especialistas para integrar una “Comisión de la Verdad” ciudadana. Este esfuerzo inédito en el país busca investigar las omisiones, negligencias y la posible colusión del Estado mexicano en el caso de los jóvenes de Mexicali.
Diversos académicos de alto nivel ya respondieron a este llamado urgente. Camilo Tamayo, investigador de la Universidad de Huddersfield en el Reino Unido con experiencia en comisiones de la verdad internacionales, destaca el valor de esta iniciativa.
“Este puede ser un primer ejemplo para que en otros estados se construyan lazos de acción. Necesitamos demandar seguridad, establecer la verdad y encontrar herramientas para frenar esta barbarie”, explica el especialista.
A este esfuerzo se suma Zulia Orozco, experta en temas de necropolítica y delincuencia organizada. Ella advierte sobre el costo social de la indiferencia: “Son muchas las familias destrozadas al día de hoy. Si no cambiamos esta cultura de la violencia y no nos pacificamos, viviremos décadas de tragedia sin poder prosperar en colectivo”.
Convocada desde la sociedad civil y libre del control gubernamental, esta comisión busca respuestas reales ante la oscuridad institucional.
Como concluye Soraya Ana con profunda determinación: “No sé cuánto tiempo nos va a llevar. A lo mejor no logramos saber en dónde están nuestros hijos, pero sí vamos a descubrir qué fue lo que sucedió y quiénes estuvieron coludidos”.
