La disputa por los cobros a empresas de telecomunicaciones volvió a colocarse en el centro del debate luego de que se hicieran públicas denuncias contra la alcaldesa de Salvador Alvarado, Sinaloa, Guadalupe López González, por presuntas exigencias de pagos que, de acuerdo con especialistas y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), corresponderían exclusivamente al ámbito federal.
El caso ha cobrado relevancia porque no solo involucra a compañías de telefonía, internet y televisión, sino también a miles de usuarios que dependen diariamente de esos servicios para trabajar, estudiar y comunicarse.
La Suprema Corte ha reiterado que la regulación es competencia federal
En diversas resoluciones, la Suprema Corte ha sostenido que los municipios no tienen facultades para imponer cobros relacionados con la instalación, despliegue, operación, mantenimiento o retiro de infraestructura de telecomunicaciones.
Durante una sesión del máximo tribunal, la ministra Yasmín Esquivel Mossa expuso que las disposiciones municipales que pretendan regular o gravar estas actividades invaden una materia reservada de forma exclusiva a la Federación.
Bajo ese criterio, la Corte declaró inválidas diversas porciones normativas de leyes de ingresos municipales al considerar que interferían con un régimen cuya regulación corresponde únicamente al gobierno federal.
Entre los precedentes se encuentran municipios de Guerrero, como San Marcos y General Canuto A. Neri, así como Apan, Yahualica y San Felipe Orizatlán, en Hidalgo, donde también fueron anulados cobros relacionados con infraestructura de telecomunicaciones.
Acusan cobros ilegales y afectaciones al servicio
Pese a esos criterios judiciales, el abogado Rodrigo Maldonado aseguró que en Salvador Alvarado continúan las exigencias de pagos a empresas que utilizan infraestructura federal, particularmente redes soportadas en postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Según la denuncia, el ayuntamiento busca cobrar cantidades millonarias a compañías dedicadas a prestar servicios de telefonía, internet y televisión, pese a que la regulación en la materia no corresponde a los gobiernos municipales.
El litigante sostuvo que únicamente el Congreso de la Unión y las autoridades federales tienen facultades para legislar y establecer las políticas en materia de telecomunicaciones, por lo que estados y municipios no pueden crear este tipo de contribuciones.
Denuncias por presunta extorsión contra la alcaldesa
Además de los señalamientos por los cobros, existen denuncias que acusan a la presidenta municipal Guadalupe López González de presunta extorsión contra empresas del sector.
De acuerdo con las acusaciones presentadas, también se habrían realizado cortes a redes de telecomunicaciones, lo que, afirman los denunciantes, termina afectando directamente a los usuarios que dependen de estos servicios para sus actividades cotidianas.
Rodrigo Maldonado señaló que las consecuencias no recaen únicamente en las compañías, sino también en la población, al limitar el acceso a servicios esenciales como internet y telecomunicaciones.
