Las autoridades federales han concretado la aprehensión de quien fuera el responsable de los asuntos contables de Emilio Ricardo Lozoya Austin, antiguo titular de la paraestatal Petróleos Mexicanos.
El señalado, identificado como Jorge Yáñez Polo, enfrenta actualmente cargos legales vinculados a un presunto esquema de defraudación fiscal equiparada, derivado de inconsistencias detectadas en sus registros financieros personales.
Aprehensión de Jorge Yáñez Polo por defraudación fiscal conectada a Emilio Lozoya
De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la instancia encargada de la procuración de justicia en el país, el imputado habría incurrido en omisiones deliberadas durante la presentación de sus obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria.
La investigación apunta a que, durante un periodo que abarcó los ejercicios anuales de 2014 a 2018, el profesional de la contabilidad reportó de forma oficial montos de capital acumulables que resultaban significativamente inferiores a las percepciones que verdaderamente ingresaron a su patrimonio.
Discrepancias en ingresos generaron un daño de 28 millones de pesos al erario nacional
Esta discrepancia sistemática en el reporte de ingresos relacionados con el Impuesto Sobre la Renta generó una afectación directa al erario nacional. Tras realizar las auditorías correspondientes a los 5 ejercicios fiscales mencionados, la Fiscalía General de la República determinó que el daño económico ocasionado a la hacienda pública federal asciende a una cifra cercana a los 28 millones de pesos.
El proceso judicial en contra del excolaborador del antiguo director de la petrolera se fundamenta en la probable comisión de delitos fiscales, toda vez que la autoridad detectó que el flujo real de dinero no coincidía con lo manifestado ante el fisco.
La detención se llevó a cabo tras corroborar que el perjuicio patrimonial contra la nación superaba los márgenes establecidos por la ley para este tipo de conductas delictivas, consolidando así un caso relevante en el marco de las investigaciones sobre el entorno financiero de los exfuncionarios de la pasada administración.
Caso resalta la lucha contra irregularidades financieras en la administración anterior
El ahora detenido deberá responder ante los tribunales competentes por la supuesta evasión de los 28 millones de pesos que dejaron de ser recaudados por el Estado debido a sus declaraciones impositivas imprecisas.
El seguimiento del caso continuará bajo los protocolos de la justicia federal para determinar la responsabilidad final del implicado respecto a las ganancias no declaradas en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
