En un hecho sin precedentes para la entidad, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ejecutó la primera orden de aprehensión por el delito de "ataques al honor a través de medios cibernéticos". La detenida es una mujer identificada como Cristina “N”, acusada de publicar contenido ofensivo contra un servidor público del municipio de Nuevo Parangaricutiro.
No se trata de amenazas de muerte, extorsión o incitación a la violencia física. El aparato penal del Estado se movilizó porque, presuntamente, la mujer administraba perfiles apócrifos en Facebook desde donde emitía críticas y expresiones que "denostaban" al funcionario.
Detienen a mujer en Michoacán por "atacar el honor" de funcionario en Facebook
Según el boletín oficial , la investigación fue conducida por la Unidad de Delitos Cibernéticos. Tras un rastreo técnico, lograron identificar a Cristina “N” como la administradora de dichas cuentas. Con estos datos, un Juez de Control autorizó la orden de captura, marcando un hito judicial en el estado.
El gobierno estatal y la Fiscalía intentan callar voces críticas como la de Rodolfo Ruiz, director de E-Consulta.
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 24, 2025
Sin pruebas, lo acusan de lavado de dinero y un juez ya lo vinculó a proceso.
El comunicador, crítico de los gobiernos de izquierda, denuncia una persecución… pic.twitter.com/EG2oImgda3
La mujer ya se encuentra a disposición del órgano jurisdiccional, que definirá su situación legal en las próximas horas. Este caso reabre un debate urgente en México: ¿Dónde termina la libertad de expresión y dónde empieza el delito?
La detención de Cristina "N" enciende las alarmas de activistas y defensores de derechos humanos, quienes cuestionan que se utilice la cárcel y recursos públicos para proteger la imagen o el "honor" de personas que, por su cargo, deberían estar sujetas al escrutinio público.
Otros casos de castigos por liberta de expresión
En meses anteriores se dieron casos de periodistas y comunicadores que fueron acusados de
violencia política de género
por hablar sobre funcionarios públicos. Uno de ellos fue Héctor de Mauleón, Miguel Alfonso Meza, Laisa Wilkins y Karla Estrella, quien fue denunciada y añadida al registro de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres por opinar que la diputada plurinominal Diana Karina Barreras llegó a su cargo por ser esposa de Sergio Gutiérrez Luna.
