¿Censura disfrazada? Periodistas señalados por violencia política de género son notificados para bajar sus publicaciones

En un clima ya tenso para el periodismo en México, una nueva y preocupante tendencia emerge: la notificación y apertura de investigaciones contra periodistas, particularmente aquellos que ejercen una crítica frontal, bajo el paraguas de la violencia política de género. Fuerza Informativa Azteca pone el foco de atención en estos casos que encienden las alarmas sobre la libertad de expresión en el país, con los recientes ejemplos de Héctor de Mauleón y Miguel Meza.

La violencia política de género es un delito grave que busca castigar actos que limitan o anulan el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Sin embargo, en las últimas semanas la preocupación se centra en una posible instrumentalización de esta figura legal. Diversos casos recientes virales en redes sociales y señalados por organizaciones defensoras de la libertad de expresión, sugieren que se está utilizando para silenciar voces críticas y disidentes, afectando directamente la labor informativa.

Héctor de Mauleón, reconocido por sus columnas en El Universal y por sus investigaciones sobre crimen organizado y corrupción, dio a conocer que fue notificado por el Instituto Electoral de Tamaulipas por presunta violencia política de género, además le exigieron bajar su columna donde denuncia los nexos de Tania Contreras, entonces candidata en la elección judicial, con un líder del robo de gasolina de la entidad.

Asimismo, señaló que el organismo electoral lo amenazó con imponer nuevas sanciones en caso de que dicho contenido no se elimine de su portal web.

Además de eso, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas resolvió que Héctor de Mauleón permanezca cuatro años en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.

El INE abrió una investigación por presunta violencia política de género presentada contra el periodista y presidente de la organización Defensorxs A.C., Miguel Alfonso Meza, la denuncia, interpuesta por Luis Castañeda, exdirector de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y candidato a juez laboral, había generado una fuerte polémica y un debate sobre los límites de la crítica periodística y el uso de las leyes de género.

La controversia surgió a raíz de una investigación donde se reveló información crítica sobre el perfil de Luis Castañeda como aspirante a juez sobre las acusaciones de acoso sexual por parte de al menos 36 mujeres y un incidente de atropellamiento con resultado de muerte.

La columnista Laisha Wilkins se suma a la lista de aquellos que han ido notificadas o sancionadas por presunta violencia política de género. El origen de la controversia se encuentra en uno de sus tuits, donde se refirió a la entonces candidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como “Dora la Censuradora”.

La denunciante, Dora Alicia Martínez (quien en campaña se presentaba como “Dora la Transformadora"), interpuso una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) argumentando que este tuit constituía violencia política de género.

La también conductora dio a conocer que, en caso de proceder la denuncia, la multa podría ser desde los 2 mil hasta los 200 mil pesos.

Como se puede ver en estos tres ejemplos, queda expuesto que lo que en teoría debería ser una herramienta para proteger como lo es el instrumento de la violencia política de género, se está usando como un mecanismo de censura y amedrentamiento en contra de periodistas y su libertad de expresión.