La licencia solicitada por Rubén Rocha Moya lejos de apagar la crisis política en Sinaloa, abrió una nueva tormenta de cuestionamientos sobre su paradero, su responsabilidad y el papel del gobierno federal frente al colapso de seguridad que vive el estado. Desde el Senado, la priista Paloma Sánchez lanzó una acusación que escaló rápidamente el tono del debate: “nadie sabe dónde está Rocha”.
La legisladora sinaloense aseguró que la salida temporal del gobernador no puede interpretarse como un acto de rendición de cuentas ni mucho menos como una liberación automática de las acusaciones que pesan sobre su administración.
Por el contrario, sostuvo que existe preocupación real de que las autoridades estén permitiendo que el mandatario con licencia desaparezca del radar político y judicial mientras Sinaloa continúa hundido en la violencia.
El señalamiento golpea directamente a la narrativa oficial que ha intentado presentar la licencia como una decisión institucional. Para la oposición, la ausencia de información clara sobre Rocha Moya alimenta la sospecha de protección política en medio de una crisis que ya dejó miles de víctimas.
¿Rocha Moya desaparece? Temen por paradero del gobernador en licencia
Paloma Sánchez cuestionó que ni las autoridades federales hayan podido precisar el paradero del gobernador con licencia, situación que calificó como alarmante considerando el contexto de violencia y las investigaciones que rodean al estado.
La senadora insinuó que el vacío de información podría convertirse en una vía de escape político para Rocha Moya mientras crece la presión nacional e internacional sobre presuntos vínculos entre estructuras de poder y el crimen organizado en Sinaloa.
En medio de esa incertidumbre, la priista acusó que el gobierno federal ha privilegiado el encubrimiento antes que la transparencia, mientras las víctimas continúan acumulándose.
Sinaloa: 604 días atrapado en la violencia
Durante su posicionamiento, Paloma Sánchez recordó las cifras que reflejan el deterioro de la entidad: 2 mil 665 personas asesinadas y 3 mil 703 desaparecidas en 604 días de violencia. Entre ellas, 108 niñas y niños asesinados y 333 menores desaparecidos.
Además del impacto humano, la legisladora advirtió que la inseguridad ya destrozó parte de la economía estatal. Más de 4 mil negocios cerrados, miles de asaltos, la pérdida de 30 mil empleos y daños económicos multimillonarios forman parte del saldo que dejó la narcoguerra en el estado.
