Si bien en las zonas de guerra como en Gaza, la libertad de expresión está bajo amenaza, en países como México la violencia contra periodistas se recrudece, de acuerdo con el informe de Article 19 “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia".
El informe reveló que en México se registró una desaparición y siete asesinatos de periodistas, encabezando nuevamente la lista regional con 451 agresiones contra comunicadores documentados en 2025, estas violaciones también significan un daño a la libertad de expresión.
La prensa en México se enfrenta a agresiones físicas y procesos arbitrarios bajo figuras ambiguas como “traición a la patria” o “difusión de noticias falsas”.
“¿Por qué una conferencia regional?
— ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) May 6, 2026
Hoy honramos el trabajo de todas las personas periodistas, que ante este contexto se consolidan como una resistencia democrática frente a las violencias de Estados”.@PoloMaldonadoG, ARTICLE 19 pic.twitter.com/jix3TspmUr
Nicaragua, el otro país que acecha a opositores
El informe de Article 19 documentó que en la dictadura de Daniel Ortega al menos 19 personas están privadas de su libertad y enfrentan procesos judicial por criticar al régimen.
Este es un ejemplo de cómo opera el Estado como mecanismo de censura y violación a la libertad de expresión.
El informe reveló que en el caso de México, la censura ya opera bajo otros mecanismos más sofisticados como leyes, burocracia, vigilancia y control institucional.
Asimismo, contra campañas de desprestigio en contra de quienes critican al Estado. El informe concluye que México se convirtió en el país más letal para ejercer la libertad de expresión.
Además, atraviesa un proceso de deterioro progresivo de libertades públicas donde convergen violencia criminal, debilitamiento institucional, vigilancia estatal y opacidad gubernamental.
Ejemplo de ello, han sido las nuevas leyes para tener la facultad de rastrear y geolocalizar a las personas, la CURP Biométrica, el acceso en tiempo real a información personal, la Ley Censura y también revivió el caso de Pegasus.
Además, México concentró 456 de los 1400 ataques cibernéticos documentados en litigios internacionales contra NSO Group. Los objetivos principales han sido periodistas, activistas, abogados y voces críticas a la actual administración.
Además, el informe resaltó que el caso judicial impulsado por Carmen Aristegui terminó sin condenas, lo que para la organización confirma un patrón de impunidad. La narrativa del informe es muy clara: México normalizó el espionaje sin castigar a los responsables.
