El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, abrió un debate incómodo pero crucial al interior del movimiento: la necesidad de romper cualquier vínculo entre actores políticos y el crimen organizado.
A través de su cuenta en X, el legislador advirtió que el partido puede seguir ganando elecciones sin “vender su alma al diablo”, y planteó que ese deslinde sería clave para defender la soberanía nacional frente a presiones internas y externas.
“Morena puede y debe seguir gobernando sin necesidad de comprometer sus principios”, escribió, en un mensaje que también puede leerse como una autocrítica y una advertencia de cara al proceso electoral de 2027.
Elección judicial en pausa: dudas, tiempos y riesgos políticos
En paralelo, dentro de Morena comienza a tomar fuerza la posibilidad de aplazar la segunda etapa de la elección judicial, originalmente prevista para 2027. La propuesta, impulsada por el propio Ricardo Monreal, plantea mover este proceso hasta 2028 para evitar que coincida con la elección intermedia y así reducir tensiones políticas.
El legislador reconoció que el tema ya está en análisis tanto en la Comisión Permanente como entre los distintos grupos parlamentarios. Mayo se perfila como un mes clave, ya que representa la fecha límite para realizar ajustes constitucionales y electorales antes del arranque formal del proceso electoral.
Detrás de esta posible decisión hay señales de alerta provenientes incluso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se han advertido riesgos al mezclar la elección de jueces, magistrados y ministros con la contienda partidista. La preocupación central es que el nuevo modelo judicial, aún en fase de adaptación, se vea rebasado por la polarización política.
Gobierno federal entra al análisis del calendario
Desde el Ejecutivo, la discusión ya también está sobre la mesa. La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, confirmó que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum se analiza la viabilidad de mantener o posponer la elección judicial.
Alcalde explicó que se trata de una revisión integral que contempla tanto aspectos operativos como políticos. “Vamos a emitir una opinión sobre si conviene sostenerla en 2027 o moverla a 2028”, señaló desde Palacio Nacional, dejando claro que no hay una decisión tomada, pero sí una preocupación latente.
