La crisis política en Sinaloa ya dejó de ser un problema local y se convirtió en un asunto de presión internacional. Mientras en Estados Unidos avanzan las acusaciones y señalamientos contra personajes cercanos al poder sinaloense, en México el gobierno federal intenta contener el impacto político, diplomático y judicial que amenaza con golpear directamente al círculo de Morena.
La narrativa oficial comienza a mostrar fisuras. Desde Palacio Nacional se insiste en que no existen elementos suficientes para actuar contra los funcionarios señalados, pero las preguntas se multiplican conforme varios personajes cercanos al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya desaparecen del radar público o solicitan licencias a sus cargos.
La exigencia de “pruebas” desató nuevas críticas
Uno de los momentos que más polémica generó fue la nota diplomática enviada por la Secretaría de Relaciones Exteriores a Estados Unidos para pedir “pruebas contundentes” sobre los señalamientos contra funcionarios sinaloenses.
La petición fue interpretada por críticos y opositores como un intento de ganar tiempo mientras aumenta la presión desde Washington. Para distintos sectores políticos, el mensaje enviado por el gobierno mexicano refleja más preocupación por contener daños internos que por aclarar las acusaciones.
El tema se vuelve todavía más delicado porque varios de los personajes señalados ocuparon posiciones estratégicas dentro de la estructura política y de seguridad de Sinaloa durante los años de mayor expansión de Morena en el país.
El gobierno mexicano se queda sin argumentos mientras desde #Washington exigen extradiciones.
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 7, 2026
Rubén Rocha Moya (@rochamoya_), protegido con escoltas pagadas por el erario, permanece en la sombra. Inzunza se esconde del Senado y sus compañeros comienzan a dejarlo solo.
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El paradero de Rocha vuelve a generar sospechas
Aunque públicamente Rubén Rocha Moya aseguró que seguía “trabajando por Sinaloa” y que “todo tiene que encausarse”, su ubicación exacta sigue sin estar clara.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, declaró hace unos días que “hasta donde tenía entendido” el gobernador continuaba en Sinaloa. Sin embargo, la falta de apariciones públicas alimentó especulaciones sobre una posible estrategia de protección política mientras avanza el conflicto con Estados Unidos.
A esto se suma que varios exfuncionarios ligados al gobierno sinaloense también comenzaron a moverse silenciosamente.
El exalcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el fiscal adjunto Dámaso Castro Saavedra solicitaron licencia. En paralelo, el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, consiguió un amparo federal para frenar cualquier orden de detención con fines de extradición.
La decisión judicial encendió nuevas alertas porque evidencia que algunos involucrados ya contemplan escenarios legales internacionales.
Morena enfrenta un desgaste político creciente
Otro nombre bajo presión es el del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez. Su ausencia en actividades públicas y en el Senado generó nuevas críticas de la oposición, que acusa una estrategia para evitar confrontar los señalamientos.
Incluso dentro de Morena comienzan a surgir señales de distancia política. Legisladores evitaron respaldarlo públicamente y algunos optaron por guardar silencio ante las preguntas de la prensa.
Mientras tanto, la oposición endureció el discurso. Senadores del PAN y PRI ya hablan abiertamente de desaparición de poderes en Sinaloa, juicio político y posibles procesos de extradición.
“México juega con fuego”La exembajadora Martha Bárcena advirtió que México podría enfrentar consecuencias diplomáticas si no actúa frente a las solicitudes internacionales.
