Contrataciones fantasma: Empleados gubernamentales son ‘Freelancers’ para evitar pago de prestaciones

La estabilidad laboral en el sector público sigue siendo un desafío para cientos de empleados que, a pesar de las promesas de una mejora en sus condiciones de trabajo, continúan operando bajo esquemas de subcontratación.

Estos trabajadores, a menudo catalogados como proveedores o personal en programas de becas, se encuentran en una situación de vulnerabilidad, sin los beneficios y la seguridad que la ley debería garantizarles.

Hace cinco años, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador había hecho un compromiso público para regularizar a este segmento de la fuerza laboral, asegurando que se implementarían las medidas necesarias para que obtuvieran sus bases, un compromiso que, al día de hoy, sigue sin concretarse.

Esta falta de acción ha perpetuado un modelo de empleo precario. En dependencias como Canal Once, una de las principales cadenas de televisión pública, aproximadamente 700 trabajadores son obligados a renovar sus acuerdos laborales cada seis meses.

Esta práctica tiene como objetivo evitar la acumulación de antigüedad y, por lo tanto, la obligación de otorgarles beneficios sociales y de ley. Un empleado de la televisora, que prefirió el anonimato, describió su estatus como el de un “freelance” que, en realidad, actúa como un proveedor de servicios, lo que les impide acceder a prestaciones como el seguro social.

La situación es aún más crítica debido a los constantes retrasos en los pagos. Trabajadores del sector de la salud en todo el país han denunciado en múltiples ocasiones la falta de remuneración por sus servicios, una situación que los ha llevado a manifestarse públicamente para exigir su basificación.

Una enfermera del programa de salud, que también se mantuvo en el anonimato, afirmó que desde el inicio de su contrato se les informó que su rol era similar al de un becario, lo que implicaba renunciar a sus derechos laborales.

Este panorama se repite en otros sectores, como lo evidenció una profesora de la Universidad del Bienestar Benito Juárez, quien mencionó que llevaban diez meses sin percibir su sueldo.

La precariedad también afecta a las instituciones culturales. Más de 2 mil empleados temporales y trabajadores independientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) carecen de los beneficios de ley. El Sindicato de Trabajadores Administrativos, Técnicos y Manuales del INAH ha alzado la voz para exigir que se regularice la situación de este personal.

Incluso en proyectos de gran visibilidad, se han documentado prácticas abusivas. En el año 2021, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió una convocatoria para rediseñar los libros de texto de primaria, donde la compensación para los creativos no fue monetaria, sino la entrega de un ejemplar del libro publicado. Un ilustrador participante en el proyecto, Aarón Jandette, expresó que estas prácticas han debilitado de manera significativa a la industria creativa en el país.

La prometida transformación de las condiciones de trabajo en el gobierno no ha llegado para una gran parte de su fuerza laboral. Para enfermeras, profesores, diseñadores e incluso el personal de instituciones históricas, la estabilidad y los derechos laborales siguen siendo una asignatura pendiente.