Con el proceso electoral 2023-2024, rumbo a los comicios más grandes de la historia de México, puede entrar la duda de si el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la facultad de sancionar a un ciudadano por actos.
Es conocido que el órgano electoral puede sancionar y emitir multas a partidos políticos o funcionarios que vulneren las leyes electorales; sin embargo, un ciudadano común puede también recibir una amonestación en caso de hacerlo. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral es la encargada de las medidas cautelares y de dirigir los procedimientos administrativos sancionadores ordinarios.
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— @INEMexico (@INEMexico) September 27, 2023
¿El INE puede sancionar a un ciudadano?
En el artículo 41 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos se establece que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; sin embargo, no puede sancionar a un ciudadano en caso de realizar actos anticipados de precampaña o campaña.
Cabe destacar que el INE no sanciona, sino que emite medidas cautelares y es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien validará las distintas sanciones en los casos correspondientes, que podrían ir desde una amonestación pública hasta la imposición de alguna multa de carácter económico.
Uno de los casos más sonados en el que el INE sancionó a ciudadanos, fue el de los 77 influencers a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cada uno de ellos tuvo que pagar entre 4 mil y 7 mil pesos cada uno.
Además, hay sanciones penales que tienen que ver con delitos electorales como compras de voto, acarreo, promoción indebida, entre otros, este tipo es el más tipificado para personas físicas que suelen incurrir en estos delitos.
¿Se puede sancionar a un ciudadano por violencia política?
El caso de ejecutar violencia política en razón de género es diferente, pues en el artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales dice que esta puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas del trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, medios de comunicación, por un particular o por un grupo de personas particulares.