A pesar de las declaraciones gubernamentales que aseguraban la erradicación del robo de hidrocarburos (huachicol), la realidad operativa de Petróleos Mexicanos muestra un escenario opuesto y alarmante.
Actualmente, la infraestructura de la paraestatal enfrenta una vulneración sistemática, registrando la perforación de un ducto cada hora para la sustracción ilícita de combustible. Esta práctica, que se creía bajo control tras episodios trágicos en el pasado, ha retomado fuerza bajo el control del crimen organizado.
Un incremento desmedido en la extracción ilegal
Durante el transcurso de 2025, la empresa estatal contabilizó un total de 10 mil 600 puntos de extracción clandestina en territorio nacional. Esta cifra no es solo un indicador de actividad delictiva, sino el reflejo de un crecimiento exponencial en la sustracción de energéticos.
Al comparar el desempeño de 2025 frente a los datos de 2024, se observa un repunte del 43% en el volumen de hidrocarburos robados directamente mediante el picado de las tuberías de transporte.
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La magnitud de esta actividad ilícita ha alcanzado niveles industriales. Según reportes del Observatorio Ciudadano de Energía, si la estructura dedicada a la ordeña de ductos fuera una empresa formal, tendría una capacidad de producción de 58 mil barriles cada jornada.
Este volumen de combustible alimenta un mercado negro que opera de manera constante y que, en diversas zonas del país, ocurre sin ocultarse, incluso durante las horas de luz natural.
Impacto financiero y evasión fiscal: las consecuencias económicas
Las consecuencias económicas para el Estado mexicano son de una escala masiva. El valor de lo sustraído se traduce en una pérdida directa para Pemex de 35 mil millones de pesos por concepto de producto que deja de comercializar.
Sin embargo, el daño patrimonial no termina ahí; la comercialización de estos combustibles en circuitos informales impide que el Gobierno Federal recaude los gravámenes correspondientes.
La Secretaría de Hacienda dejó de percibir 26000 millones de pesos por impuestos no pagados durante 2025. Al sumar el valor de la venta perdida por la paraestatal y el hueco en la recaudación tributaria, el impacto total del huachicol asciende a 61000 millones de pesos en un solo año. Esta cifra representa un golpe crítico para las finanzas públicas que no ha podido ser mitigado por las autoridades financieras ni energéticas.
Corrupción interna y focos rojos en los estados
La persistencia de este problema se vincula estrechamente con la carencia de tácticas de confrontación exitosas y la falta de limpieza en las filas de la institución. Históricamente, el área de seguridad física de la petrolera ha visto a sus integrantes procesados por actos de corrupción en cada administración, sin que hasta el momento se hayan ejecutado protocolos de integridad institucional que frenen la complicidad interna.
Geográficamente, el fenómeno se concentra con mayor intensidad en cinco entidades federativas: Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guanajuato y Tamaulipas. En estos estados, el robo ocurre con frecuencia a la vista de la población y sin una respuesta efectiva por parte del Estado, consolidando un negocio ilegal que sigue desangrando los recursos de la nación año tras año.
