Las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y varios políticos cercanos a Morena siguen generando polémica luego de que autoridades de Estados Unidos los señalaran por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Aunque en México la Fiscalía General de la República (FGR) únicamente llamó a algunos implicados para rendir entrevistas, en Estados Unidos el Departamento de Justicia mantiene abiertas investigaciones relacionadas con posibles nexos entre funcionarios sinaloenses y el Cártel de Sinaloa.
Entre los nombres señalados aparecen el propio Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el exalcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, además de otros exfuncionarios y personas ligadas al grupo político del mandatario estatal.
¿Qué acusa Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios?
De acuerdo con los señalamientos difundidos desde Estados Unidos, las autoridades investigan una presunta red de colaboración entre funcionarios y grupos criminales ligados a “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.
Las acusaciones apuntan a que integrantes del grupo criminal habrían operado con protección política, permitiendo actividades relacionadas con narcotráfico, tráfico de armas y control territorial.
Además, se menciona que presuntamente hubo intimidación y ataques contra adversarios políticos durante procesos electorales en Sinaloa.
Hasta ahora, ninguna corte estadounidense ha emitido una sentencia contra Rocha Moya o los otros políticos mencionados, pero el caso ya escaló a nivel internacional y provocó fuertes reacciones tanto en México como en Estados Unidos.
FGR cita a funcionarios, pero solo para entrevistas
Mientras en Estados Unidos avanzan las investigaciones, en México la FGR informó que Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros implicados fueron llamados únicamente para entrevistas ministeriales.
La medida generó críticas entre sectores de oposición y usuarios en redes sociales, quienes consideran que las autoridades mexicanas no están actuando con firmeza frente a las acusaciones.
Rocha Moya aseguró públicamente que acudirá ante la Fiscalía “con la frente en alto”, mientras que otros señalados también afirmaron estar dispuestos a colaborar.
Sin embargo, el caso ha aumentado la presión política sobre Morena y sobre el propio gobernador sinaloense.
Diversos sectores han pedido transparencia en las investigaciones y que tanto México como Estados Unidos presenten pruebas claras sobre los señalamientos.
Analistas consideran que el impacto político podría crecer si las investigaciones estadounidenses avanzan o si aparecen nuevos nombres relacionados con el caso.
Sinaloa continúa siendo uno de los estados más golpeados por la violencia ligada al crimen organizado, especialmente por las disputas internas del Cártel de Sinaloa.
La situación ha provocado que temas relacionados con seguridad, narcotráfico y presunta infiltración criminal en la política se mantengan constantemente en la agenda pública.
El caso de Rocha Moya y los señalamientos provenientes de Estados Unidos podrían convertirse en uno de los temas políticos más delicados para Morena rumbo a los próximos procesos electorales.
