El ejercicio de la libertad de expresión en México enfrenta un nuevo y alarmante episodio de acoso institucional. Nuestro compañero y periodista de Azteca Noticias, Irving Pineda, fue citado de manera exprés a comparecer ante un juzgado penal en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. El requerimiento judicial se dio luego de que el reportero difundiera en sus redes sociales un video que evidencia a la litigante Mariana Gutiérrez —autonombrada “la abogada de las estrellas"— presuntamente maltratando a un perro durante una fiesta.
La gravedad del caso radica en que la litigante, valiéndose de su abierta cercanía con el régimen morenista y con figuras clave como el diputado Ricardo Monreal, ha movilizado el aparato de justicia local con una rapidez inusual. Mediante el uso de influencias políticas, Gutiérrez logró que un juez le concediera medidas de emergencia de carácter penal para amordazar al periodista, en un claro intento por silenciar a la prensa e intimidar la labor informativa.
De la nota en Instagram a la censura penal fast-track
Durante una entrevista en el programa Hechos AM, Irving Pineda detalló cómo un hecho de carácter digital y estrictamente noticioso fue escalado de manera desproporcionada por la abogada ligada a la bancada de Morena en San Lázaro. El periodista publicó originalmente el video en su cuenta personal de Instagram utilizando términos legales correctos al señalar un “presunto” maltrato animal. Al día siguiente, a petición de la propia Mariana Gutiérrez, Pineda le otorgó íntegro su derecho de réplica en la misma plataforma, donde ella rechazó las acusaciones.
#ENTREVISTA | Lo que le está pasando a @IrvingPineda sienta un precedente peligroso: una abogada con influencias políticas usa el aparato judicial para callar a un periodista en redes sociales.
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 25, 2026
Si hoy callan a un periodista, mañana pueden callar a cualquier ciudadano. ¡No… pic.twitter.com/mABDx9KpR4
A pesar de haberse cumplido con los principios de equidad informativa, la abogada acudió ante las autoridades para exigir medidas de protección de emergencia bajo el argumento de que había sido víctima de “violencia” por la difusión del material. El juez a cargo otorgó los conceptos con una celeridad sospechosa, imponiendo restricciones que prohíben al reportero transmitir cualquier información sobre ella en televisión, radio o redes sociales, incluso bloqueando su derecho a informar sobre la propia notificación judicial.
Un precedente peligroso para la libertad de los ciudadanos
El asedio judicial en contra de Irving Pineda busca sentar un peligroso precedente donde cualquier inconformidad con una nota periodística sea castigada con la cárcel o con demandas por reparación de daño monetario, brincándose las vías civiles para llevar el debate al terreno de la persecución criminal. “Estoy preocupado, no tengo miedo porque no he cometido ningún delito. Lo único que hice fue difundir una noticia y dar el derecho de réplica... Lo que me preocupa es que esto llegue a más personas y que cualquier ciudadano común, porque a alguien con muchísima influencia no le guste algo, lo citen a una audiencia en un reclusorio. Eso se llama intimidación y coartar la libertad”, advirtió Pineda ante el citatorio fijado para este miércoles.
Este caso enciende las alertas sobre el uso faccioso del sistema judicial para proteger a personajes vinculados al poder político. Intentar “matar al mensajero” en lugar de investigar las evidencias de maltrato animal expone los primeros tintes de una censura descarada en el país, donde el tráfico de influencias se convierte en el arma principal del régimen para amedrentar a periodistas y ciudadanos que utilizan las plataformas digitales para denunciar abusos.
