Parece que la solicitud de detención y extradición de Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios es apenas la punta del iceberg de la narcopolítica de México. Lo que hoy es un escándalo internacional, es en realidad un patrón que venimos arrastrando y que hoy tiene nombres y apellidos en varios estados del país. Sinaloa es el ejemplo más claro de un manual de operaciones que se replica en otros estados clave.
El modelo Sinaloa: La narcopolítica que amenaza con devorar las elecciones de 2027
Los gobernadores bajo la lupa de Estados Unidos
En Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal ha estado bajo la lupa de agencias estadounidenses por presunto apoyo financiero de Sergio Carmona, el “Rey del Huachicol”, y vínculos con el Cártel del Noroeste. Por su parte, en Baja California, donde habrá elecciones el próximo año, la gobernadora Marina del Pilar enfrenta señalamientos directos y presiones de Washington por presuntos nexos con el narcotráfico, mismos que le costaron la revocación de su visa en 2025 y una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra su exesposo Carlos Torres.
La sombra de la colusión criminal también alcanza a Michoacán, estado que tendrá elecciones en 2027. Su gobernador por Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, es señalado por su presunta vinculación con Cárteles Unidos, e incluso ha sido amenazado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por presuntamente proteger a su competencia.
El patrón de Sinaloa, donde se amenazó a candidatos para dejarle el camino libre a Rocha Moya, es el mismo en otras regiones del país. El proceso electoral de 2024 se consolidó —hasta el momento— como el más violento en la historia de México, con organizaciones civiles que contabilizaron hasta 37 candidatos asesinados. Esta violencia se concentró principalmente en Guerrero, Chiapas y Michoacán, entidades donde el narcotráfico fue quien decidió en las urnas quién podía ser candidato y quién no.
El colapso del voto ciudadano por la violencia electoral
Ni las cifras ni las pruebas mienten: las víctimas de violencia electoral aumentaron un 150% entre 2021 y 2024 en los estados donde habrá elecciones el próximo año. La tendencia no se detuvo ahí; durante 2025 se contabilizaron casi 60 asesinatos de figuras políticas. Mientras los políticos estrechaban las manos de los criminales para asegurar posiciones, en las calles la democracia se limpiaba con balazos.
Y, ¡ojo! Porque cuando el sistema para “limpiar” la boleta electoral con el apoyo de los cárteles se consolida en el mapa nacional, el voto ciudadano deja de existir. Soy América López y te invito a seguirme en Casilla 27.
