La nueva estrategia antidrogas de la Casa Blanca coloca a México en el centro de la cooperación, pero también bajo una presión creciente. El gobierno encabezado por Donald Trump delineó un plan que incluye tareas de inteligencia, refuerzo de la seguridad fronteriza y operaciones conjuntas al tiempo que fijó una condición clara: resultados medibles.
En el documento, Washington exige avances concretos en detenciones y extradiciones de líderes criminales. Esta postura coincide con la solicitud del Departamento de Justicia para proceder contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra el senador Enrique Inzunza y otros implicados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Protección oficial y ausencia pública: crecen las dudas sobre Rubén Rocha
Pese a la presión internacional, el gobierno mexicano no ha dado señales de avanzar en esas detenciones. Desde su renuncia, Rocha Moya no ha reaparecido públicamente, lo que ha abierto cuestionamientos sobre su paradero. Sin embargo, voces dentro del propio gobierno aseguran que sigue en territorio nacional.
“El señor Rocha Moya cuenta con un equipo de seguridad, eso significa que sigue aquí en México o bueno en Sinaloa”, afirmó el periodista Manuel Espino. En la misma línea, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló: “Hasta donde tengo entendido, sigue aquí en Sinaloa”.
Estas declaraciones alimentan el debate sobre el uso de recursos públicos. A pesar de que ya no cuenta con fuero, al exmandatario se le asignó un esquema de seguridad con elementos de la Guardia Nacional.
Acusaciones de riqueza ilícita y críticas en redes
El caso se agrava con nuevas versiones sobre presunto enriquecimiento ilícito. De acuerdo con señalamientos difundidos en redes sociales, la fortuna del exgobernador podría superar los tres mil millones de pesos, lo que ha generado críticas sobre por qué el Estado asumiría su protección.
En plataformas digitales también circulan acusaciones sobre contratos simulados y uso de empresas vinculadas a familiares, aunque estas versiones no han sido confirmadas por autoridades.
Otros implicados también piden licencia tras presuntos nexos con el crimen organizado
El caso no se limita a Rocha Moya. El senador Inzunza, señalado por presuntos vínculos criminales, reapareció en redes sociales desde Badiraguato y aseguró que retomará sus actividades legislativas.
“El día miércoles estaremos comenzando los trabajos de la comisión permanente, ahí nos vemos”, declaró.
Por su parte, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitó licencia sin dar explicaciones públicas, lo que provocó críticas de actores políticos locales. “Que venga a dar la cara”, exigió la regidora Erika Sánchez.
Mientras tanto, otros señalados han optado por el silencio. Entre ellos destaca el exsecretario de Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega, acusado de presuntos conflictos de interés y desarrollo de proyectos inmobiliarios millonarios durante y después de su gestión.
