Más allá de la cárcel: La iniciativa que busca terminar con los franeleros en CDMX y la corrupción

Una práctica tristemente normalizada en las calles de la capital podría tener sus días contados. El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) se prepara para discutir una iniciativa de ley que busca imponer arresto inconmutable de 36 horas a los franeleros que exijan pagos por estacionar vehículos en la vía pública. Esta medida, considerada un “cobro de piso” primitivo, busca erradicar la extorsión y la intimidación que miles de automovilistas enfrentan a diario.

La escena es común: llegas en tu auto y encuentras un bote, un huacal o una caja apartando un lugar de estacionamiento. En segundos, aparece alguien para “dirigirte” y, al final, exigirte una “cuota” por el supuesto cuidado de tu vehículo. Esta práctica, lejos de ser un servicio, es percibida por muchos como una forma de extorsión y amedrentamiento.

“Yo pienso que sí puede ser una forma de amedrentar o de extorsión porque ellos se supone que fijan una cuota”, afirma Isis, una ciudadana afectada. Otro automovilista, Carlos, compara: “Vas a un estacionamiento, a lo mejor te cobra 30 pesos la hora, algo así, y ellos te quieren cobrar 50 pesos una hora o cualquier cosa así.”

El problema se agrava especialmente en zonas de alta afluencia como áreas comerciales, restaurantes e incluso, de manera más sensible, afuera de los hospitales, donde las dificultades económicas y la urgencia son apremiantes.

La propuesta de reforma a la Ley de Cultura Cívica contempla sanciones severas para quienes incurran en estas prácticas. El texto busca castigar a las personas que “exijan, coaccionen o intimiden de cualquier manera a otra persona para obtener un pago por vigilar vehículos en la vía pública.” La sanción propuesta es un arresto inconmutable de 36 horas, es decir, sin posibilidad de fianza o sustitución por multa.

El objetivo es claro: disuadir esta práctica de raíz y devolver el control del espacio público a los ciudadanos, eliminando la sensación de obligación de pago que se ha normalizado.

Sin embargo, el problema de los franeleros va más allá del simple “cobro” a los automovilistas. Un testimonio captado por cámaras revela una red más compleja: “Es que también los de las patrullas, ¿luego les piden dinero a ustedes verdad?, ¿sí?, ¿Cuánto les piden?... pues varía, hay unos que son muy encajosos… ¿O sea, hay que darles diario?... No, a la semana… ¿A la semana?, ¿cómo cuánto les piden?... cincuenta, ¿cincuenta pesos?... Sí…"

Este testimonio sugiere una posible complicidad o “cuota” que los franeleros pagan a elementos policiales, lo que explicaría por qué, en ocasiones, las patrullas se acercan “sospechosamente” a estos personajes para luego seguir de largo, sin intervenir. La iniciativa en el Congreso capitalino deberá abordar no solo la conducta de los franeleros, sino también “cortar de raíz el hilo de la extorsión” que podría involucrar a otros actores.

Es crucial reconocer que, detrás de la figura del “franelero”, a menudo existen realidades sociales complejas. Un adulto mayor, captado por nuestras cámaras, explicó que, aunque no impone tarifa ("lo que me quieran dar, no tengo tarifa porque no se vale poner una pinche tarifa"), aparta lugares para subsistir: “Soy hipertenso, soy diabético y el año pasado me dio un infarto al miocardio”, comentó, añadiendo que con lo que obtiene “salga para eso [medicamentos que no encuentra en el IMSS-Bienestar] ya es ganancia”, mencionó.

Esta perspectiva no invalida la necesidad de poner fin a la extorsión, pero subraya la importancia de abordar el fenómeno desde una visión integral que considere las causas subyacentes de la informalidad y la necesidad económica de algunos individuos.

La votación en agosto será clave para determinar si la capital da un paso decisivo para erradicar una práctica que afecta la convivencia cívica y la percepción de seguridad en sus calles.