La presión internacional ya tuvo efectos inmediatos en Sinaloa. A solo días de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizara acusaciones por delitos de drogas, armas y asociación delictuosa contra 10 figuras ligadas al poder estatal, comenzaron los primeros movimientos políticos para contener el impacto.
Sacudida política tras acusaciones en Estados Unidos: La salida de Rocha Moya
La noche del viernes 1 de mayo marcó un punto de quiebre. El gobernador Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo, una decisión que será evaluada por el Congreso de Sinaloa en sesión extraordinaria. Su postura fue clara: rechazó tajantemente los señalamientos y aseguró que se trata de acusaciones “falsas y dolosas”.
El caso no es menor. La acusación proviene del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, una jurisdicción conocida por llevar procesos de alto perfil contra figuras vinculadas al crimen organizado. Según el comunicado oficial, los señalados habrían tenido vínculos con redes delictivas relacionadas con narcotráfico y armamento, lo que incluso abrió la puerta a solicitudes de extradición.
Efecto dominó: alcaldía de Culiacán también se mueve
Horas después del anuncio del gobernador, el Cabildo de Culiacán sesionó y el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil también pidió licencia a su cargo. En su lugar, Ana Miriam Ramos Villarreal asumió como alcaldesa interina.
Aunque Gámez Mendívil defendió su trayectoria pública y afirmó haber actuado siempre dentro de la legalidad, su salida refuerza la lectura de que la crisis política en Sinaloa apenas comienza.
Otro que se baja del barco: vicefiscal de Sinaloa pide licencia tras señalamientos de EUA
La Fiscalía estatal confirmó que Dámaso Castro Saavedra solicitó licencia sin goce de sueldo a su cargo como vicefiscal general, en medio de las acusaciones lanzadas desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Enrique Inzunza sigue en la mira
A pesar de estas primeras separaciones, aún hay figuras clave que permanecen en funciones. Entre ellas destaca el senador Enrique Inzunza Cázarez, señalado por conspiración para importar estupefacientes y delitos relacionados con armas.
La permanencia de ambos abre cuestionamientos sobre la respuesta institucional frente a acusaciones de esta magnitud, especialmente cuando ya hay precedentes de licencias solicitadas por otros implicados.
Exfuncionarios bajo señalamiento y ligados al narcotráfico
El resto de los acusados corresponde a exfuncionarios que ocuparon cargos estratégicos en seguridad y administración pública en Sinaloa. Entre ellos figuran Enrique Díaz Vega, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán.
