La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, anunció la expropiación de cuatro terrenos ubicados en el fraccionamiento Miramar, en la capital del estado, argumentando una declaratoria de utilidad pública.
Se trata de la primera expropiación del gobierno morenista en Campeche, lo que ha encendido un debate sobre los alcances de la ley, los derechos de propiedad y el uso del poder público con fines políticos.
Propiedades ligadas a la familia de “Alito” Moreno
El detalle que ha provocado mayor polémica es que dichos terrenos pertenecen a la madre del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”.
Diversos actores políticos consideran que la medida tiene tintes de venganza, pues se ejecuta en medio de una confrontación abierta entre Moreno y Sansores.
El diputado priista Miguel Ángel Pool Alpuche señaló que el uso de la ley para expropiar propiedades de adversarios políticos deja en vulnerabilidad a los ciudadanos comunes.
Críticas por autoritarismo y falta de democracia
Otras voces se sumaron al reclamo. Mónica Fernández, diputada de Movimiento Ciudadano en Campeche, advirtió que el gobierno estatal está mostrando un carácter cada vez más autoritario.
Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC, afirmó que las modificaciones legales en Campeche permiten apropiarse de bienes de manera “fast track”, sin cuidar el debido proceso ni los derechos de los ciudadanos.
La versión del gobierno sobre la expropiación: utilidad pública
Sansores defendió la decisión asegurando que en los terrenos expropiados se construirá una universidad de las impulsadas por el morenismo, proyecto que, dijo, justifica plenamente el uso de la declaratoria de utilidad pública.
Sin embargo, la oposición considera que el trasfondo es político y que la medida envía un mensaje preocupante: si un rival político puede perder sus propiedades, los ciudadanos están en mayor riesgo.
Reacción de Alejandro Moreno ante expropiación de Layda Sansores
Alejandro Moreno adelantó que buscará frenar la expropiación por la vía legal, aunque solo cuenta con un margen de días para hacerlo. El dirigente priista acusa a Layda Sansores de perseguir a su familia como represalia política.
El caso de Campeche refleja la tensión entre la defensa de la propiedad privada y el poder del Estado para aplicar la figura de utilidad pública. El debate gira en torno a si la expropiación fue un acto legítimo para beneficio social o una maniobra de represalia política.
