El Congreso del estado de Campeche aprobó el pasado lunes una reforma legal impulsada por la gobernadora Layda Sansores, que otorga a las autoridades estatales mayores facultades para expropiar predios considerados de utilidad pública.
La iniciativa fue avalada con 18 votos a favor, provenientes de legisladores de Morena, mientras que 13 votos en contra correspondieron a diputados de Movimiento Ciudadano y del PRI.
La reforma modifica los procedimientos tradicionales de expropiación y reduce significativamente los plazos para la defensa de los propietarios.
Según la nueva norma, los ciudadanos afectados tienen apenas cinco días para presentar argumentos o pruebas en contra de la medida ante la Secretaría de Gobierno de Campeche.
Además, no se contempla la cuantificación de la plusvalía ni de otros factores que podrían influir en las indemnizaciones, lo que genera preocupación sobre posibles afectaciones económicas a los propietarios.
Oposición denuncia ataque a la propiedad privada
Durante la sesión, la bancada de oposición calificó la aprobación de la reforma como un “ataque directo a la propiedad privada”. Pedro Armentía, coordinador de diputados de Movimiento Ciudadano, señaló desde tribuna que la medida elimina espacios de negociación con los ciudadanos.
“Lo que aquí estamos peleando es que se respete el patrimonio que con tanto trabajo han construido las y los campechanos. Se acabaron las negociaciones, se acabó la buena práctica política de poder mediar con el ciudadano para poder hacer obras de inversión. Sino, por el contrario, te expropio, como no puedo dialogar, como no puedo negociar me voy directito a la expropiación”, declaró Armentía.
Implicaciones legales y sociales
Especialistas en derecho advierten que la reforma podría abrir la puerta a conflictos legales y protestas sociales. La ausencia de mecanismos claros para cuantificar la plusvalía en la indemnización y el acortamiento de los plazos para la defensa de los propietarios generan incertidumbre jurídica.
Por su parte, autoridades locales defienden la medida como un instrumento necesario para agilizar proyectos de infraestructura y obras públicas, argumentando que la expropiación es una herramienta ya contemplada en la Constitución y que ahora solo se busca hacerla más eficiente. Sin embargo, la polémica continúa y la reforma podría ser objeto de impugnaciones en tribunales estatales y federales.
