Esconder la información pública también es otra forma de censura. El Gobierno Federal ha ocultado datos de alto interés utilizando el pretexto de la “seguridad nacional”. Aprovechándose de la ley, el oficialismo mantiene reservados hasta por cinco años contratos de obras, tragedias, investigaciones a funcionarios y escándalos que sacuden a la autodenominada 4T.
“Que se anunciara que la información tenía que ser reservada o clasificada por razones de seguridad nacional para no proporcionarla era un obstáculo para la transparencia... La reserva de la información sí se sigue haciendo”, advierte Fernando Escobar, especialista de Causa en Común AC.
Obras con sobrecostos e infraestructura fallida
La lista de los expedientes ocultados la encabezan los proyectos emblemáticos de la administración: el Tren Maya, cuestionado por su sobrecosto y daños al medio ambiente; la Megafarmacia del Bienestar, un fracaso logístico desde el inicio, y el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), que a casi cuatro años de inaugurado sigue sin despegar.
Para los analistas, el bloqueo de estas facturas revela un problema estructural profundo. “Te habla ya no nada más de una voluntad política de no proporcionar información, sino también de un colapso, una enorme problemática administrativa dentro de las instituciones para no generar esa información”, señala Escobar.
Tragedias, vacunas y secretos bajo llave
La opacidad abarca decisiones que costaron vidas y millones de pesos. Entre los datos censurados se encuentran los costos de las vacunas contra el Covid-19, los informes de Pemex sobre la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, y el contrato de compraventa del avión presidencial.
A decir de Causa en Común, esta cerrazón responde a una línea directa desde las cúpulas del partido en el poder: “Es la conjunción de decisiones de naturaleza muy política orientadas a restringir el acceso a la información para acciones emblemáticas”.
Bajo la misma reserva de cinco años están archivados los informes del “Culiacanazo”, donde se dejó en libertad a Ovidio Guzmán; el patrimonio del exfiscal Alejandro Gertz Manero y los peritajes de la tragedia de la pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. Tampoco hay garantía de que se abran al vencer el plazo; el especialista advierte que la apuesta oficial es sustituir los datos por propaganda de templete: “Me parece más plausible que se presente a modo en las conferencias de prensa, que es la estrategia principal hacia la que se aboca la información oficial”.
Con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), para los ciudadanos será casi imposible saber qué oculta el gobierno. La administración que presumía ser la más transparente de la historia ha consolidar un apagón informativo total.
