El Consejo General del Instituto Nacional de Electoral (INE) rechazó una propuesta clave que buscaba poner orden, regular y fiscalizar los procesos internos anticipados de los partidos políticos. La iniciativa, promovida por el consejero Arturo Castillo, tenía como objetivo central frenar la promoción personalizada con recursos públicos y auditar las bolsas de dinero que ya se mueven de cara a la designación de las nuevas "corcholatas" para las elecciones de 2027. Sin embargo, el bloque mayoritario de consejeros sepultó el proyecto bajo el argumento de que el órgano electoral no puede invadir facultades del Poder Legislativo.
Bajo el disfraz de dinámicas organizativas para seleccionar cargos partidistas internos, distintas fuerzas políticas ya preparan la pasarela de sus abanderados. Se trata de un camino de simulación legal que inauguró Morena en el pasado proceso presidencial y que hoy amenaza con repetirse de forma generalizada. Al quedar congelados los lineamientos, el proponente de la reforma lanzó una dura autocrítica sobre el papel institucional: "Somos un árbitro que sigue sin arbitrar", sentenció el consejero Castillo tras la votación.
El plan Castillo: Blindar los topes de gastos y el uso de spots
La propuesta bateada en la mesa del Consejo General buscaba trazar reglas del juego claras para proteger la equidad en las contiendas electorales de 2026 y 2027. Consistía en cuatro ejes fundamentales que obligaban a la transparencia temprana: en primer lugar, forzar a los partidos y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) a reportar cualquier actividad ligada a estos procesos y etiquetar de forma clara su propaganda para evitar vacíos legales.
Batean consejeros del @INEMexico propuesta para regular y fiscalizar precampañas anticipadas
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 27, 2026
La iniciativa del consejero, Arturo Castillo, buscaba evitar las promoción personalizada y promovía la fiscalización de recursos en los procesos internos de los partidos para designar… pic.twitter.com/mF8ZJLF2pH
Asimismo, el plan contemplaba regular un mecanismo de fiscalización anticipada, prohibir tajantemente el uso de los tiempos del Estado en radio y televisión para estas promociones y, de manera crucial, establecer que si el instituto detectaba actos anticipados de precampaña o campaña, todas las erogaciones involucradas se sumarían directamente a los topes de gastos de la elección correspondiente. Con esto se pretendía que cualquier aspirante que iniciara antes de los tiempos legales pagara el costo financiero directo en su campaña formal.
"No podemos legislar": La postura de la mayoría en el INE
La contraparte y el argumento que sepultó la iniciativa vino del consejero Uuc-kib Espadas Ancona, quien lideró el rechazo acusando que existe una "pasión por interpretar" dentro del INE que raya en el exceso. Espadas sostuvo que las leyes actuales ya contemplan sanciones y que el instituto no debe fungir como legislador en ninguna materia, una postura que ha defendido en el Consejo desde el año 2020.
A decir del consejero Espadas, no se puede aceptar el criterio de emitir lineamientos que, a su juicio, terminarían abriendo grietas en las prohibiciones legales existentes. Argumentó que regular estas actividades anticipadas, en lugar de frenarlas, equivaldría a normalizarlas y permitiría que los partidos políticos y sus candidatos vulneren las disposiciones vigentes haciendo precampañas simuladas bajo el amparo de un reglamento institucional. Al final, la omisión del arbitraje dejó la puerta abierta para que el proselitismo adelantado continúe sin reglas específicas de fiscalización.
