Morena modifica dictamen a la Reforma Judicial en plena discusión; magistrados electorales podrían quedarse hasta 2034

El bloque oficialista en el Congreso de la Unión dio el primer paso definitivo para reconfigurar los tiempos de la implementación de la reforma al Poder Judicial. Durante el periodo extraordinario de sesiones, avanzó en comisiones el dictamen que busca aplazar por un año la elección de jueces, magistrados y ministros, una modificación que ha generado un intenso estira y afloja dentro y fuera del Poder Legislativo.

La votación del dictamen reflejó la ya conocida fractura parlamentaria, sumando un total de 29 votos a favor por parte de las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En contraste, la oposición cerró filas con 11 votos en contra provenientes de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes acusaron que el retraso en los comicios solo prolonga la incertidumbre institucional en el país.

En medio de la discusión sobre el aplazamiento de la Elección Judicial, Morena incorporó de última hora una reserva que encendió el debate en el Senado y abrió un nuevo frente de críticas por parte de la oposición.

La modificación planteada permitiría que magistrados electorales actualmente en funciones puedan , lo que en los hechos extendería su permanencia hasta 2034. El cambio fue agregado durante la discusión del dictamen y comenzó a debatirse en lo particular durante la sesión de este miércoles.

La oposición acusó que el ajuste no formaba parte del debate central y que fue introducido “por la puerta trasera”. Desde el PAN adelantaron que no participarían en la discusión de esa reserva, al considerar que Morena intentó incorporar el tema sin una deliberación amplia ni transparente.

En paralelo, legisladores del PRI señalaron que la propuesta entra en contradicción con el discurso que el propio oficialismo había sostenido sobre la no reelección dentro del nuevo modelo judicial. Según expresaron, abrir la posibilidad de que magistrados electorales permanezcan más tiempo en el cargo rompe con el argumento de renovación institucional que Morena había defendido en meses recientes.

Desde el sector empresarial jalisciense hubo respaldo a la propuesta de aplazar la reforma judicial, aunque acompañado de una advertencia clara: mover la fecha no basta si no se atienden los problemas estructurales del sistema de justicia en México.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco consideró favorable que exista apertura para revisar el modelo planteado y que la eventual elección vinculada a la reforma pueda diferirse hasta 2028.

Luis Beas, presidente del organismo en la entidad, sostuvo que el aplazamiento permitiría disminuir la presión operativa y abrir una ventana para corregir fallas en la propuesta original. Aun así, subrayó que la discusión no debe quedarse únicamente en cambiar el calendario.

“El hecho de postergar puede ayudar a construir mejores condiciones, pero eso no significa que los desafíos de fondo desaparezcan”, señaló.

A pesar de que el bloque de la autodenominada Cuarta Transformación mantuvo la disciplina partidista para asegurar la aprobación, el avance del dictamen no estuvo exento de fisuras discursivas. Las legisladoras de Morena, Olga Sánchez Cordero y Mariana Benítez, junto con la diputada Lilia Aguilar del PT, dieron su voto a favor en lo general, pero adelantaron que la discusión estará lejos de ser tersa.

Las tres parlamentarias anunciaron que presentarán formalmente una serie de reservas para el debate en el Pleno. El objetivo de estas modificaciones es incluir puntos críticos y candentes sobre la carrera judicial y la equidad de género que actualmente el dictamen no contempla, lo que abre un nuevo frente de negociación interna dentro del propio oficialismo.

Cabe señalar que el dictamen se sube hoy mismo a discusión y votación en lo particular ante el Pleno, en una sesión que se prevé maratónica.

Morena batea las reservas de Olga Sánchez Cordero a la Reforma Judicial 2.0. Olga propuso proteger derechos laborales, evitar presiones políticas sobre jueces y elevar requisitos técnicos para ministros y magistrados, pero su propia mayoría las rechazó.