Este miércoles 22 de mayo, un juez federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente una sección de la polémica Ley Antiinmigrante en Florida que castiga a quien transporte inmigrantes indocumentados. La medida provisional estará activa hasta que se resuelva la demanda de asociaciones civiles que consideran la ley como anticonstitucional.
Desde que la Ley SB 1718 fue promulgada por el gobernador Ron DeSantis el 10 de mayo del año pasado, inmigrantes y empleadores se pronunciaron en su contra debido a que podría causar afectaciones importantes en la economía del estado de Florida, pues podría provocar que trabajadores, en su mayoría del sector agrícola, huyeran hacia otros estados para evitar ser detenidos y deportados.
Juez suspende la sección 10 de la Ley SB 1718
Luego de que la Ley Antiinmigrante entró en vigor el 1 de julio de 2023, asociaciones y grupos civiles como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF, en inglés), han levantado sus demandas, ya que la sección 10 de la Ley SB 1718 pone en riesgo de arresto, acusación y procesamiento tanto a ciudadanos de Florida como de otros estados por transportar inmigrantes.
Cabe resaltar que se puede ser acreedor al castigo por el simple hecho de llevar a un familiar a una cita médica o llevar de vacaciones a la familia. Esto podría generar que inmigrantes se vean separados de sus familias y en caso de tener que acudir a la agencia de inmigración, no puedan hacerlo, pues se arriesgan a ir a la cárcel si lo hacen.
Ante las demandas, el juez Roy K. Altman, de la corte del distrito sur de Florida, desestimó el argumento de los grupos civiles de que la ley era anticonstitucional, pero aceptó que la sección 10, que penaliza el transporte de indocumentados, va en contra de la autoridad federal en materia de inmigración.
¿Por qué genera tanta polémica la Ley SB 1718 en Florida?
La Ley SB 1718 contempla una larga lista de políticas severas que tienen el objetivo de poner contra las cuerdas a los cerca de 800 mil trabajadores indocumentados que viven en Florida actualmente. En este sentido, las secciones que más resaltan pro su rigor son las siguientes:
Transportar indocumentados: si se cruza la frontera estatal de Florida transportando personas indocumentadas se comete un delito grave de tercer grado punible con hasta 30 años de prisión.
Atención médica: los hospitales que acepten Medicaid, programa de salud para personas de escasos recursos, deberán llenar un formulario de admisión para saber si el paciente es ciudadano estadounidense, residente legal o extranjero sin documentación.
Empleo a indocumentados: las empresas con más de 25 trabajadores deben usar el programa E-verify para verificar el estatus migratorio de cada empleado.
Licencias de conducir: las licencias de conducir y permisos emitidos en otros estados a inmigrantes indocumentados son inválidos y se castiga con hasta 60 días de cárcel o 500 dólares de multa.
