Lo que inició como una manifestación por la defensa de derechos laborales terminó en un cese fulminante. La abogada Julisa Contreras Zúñiga, quien se desempeñaba como Notificadora Adscrita a los Tribunales Laborales del Estado de Puebla, denunció haber sido obligada a dejar su cargo tras participar en las recientes protestas que han sacudido al sistema de justicia local.
A través de sus redes sociales, Contreras Zúñiga confirmó que la noche del miércoles 15 de abril concluyó la entrega de su puesto, tras un año y ocho meses de servicio. Su salida, asegura, es una prueba contundente de la falta de independencia en las instituciones poblanas: "La manera en que me voy me deja profundamente decepcionada del Poder Judicial como Institución; es claro, la división de poderes en el Estado de Puebla, NO EXISTE", sentenció.
El rostro de la censura y la represión en Puebla
El caso de Julisa no es un hecho aislado. Se suma a una preocupante ola de intolerancia que ha marcado a la administración estatal. Recientemente, en San José Chiapa, el "operativo mordaza" del gobierno de Alejandro Armenta quedó al descubierto cuando Raúl Pineda Raigosa, director de área en la Secretaría de Gobernación (Segob), fue captado arrebatando violentamente pancartas a ciudadanos que protestaban pacíficamente.
Mientras Pineda Raigosa percibe un sueldo neto de 42,660 pesos mensuales para "limpiar" la imagen del gobernador, servidores públicos como Julisa Contreras son echados a la calle por exigir respeto a la ley. Para la abogada, su despido no obedece a un desempeño deficiente, sino a una represalia directa por alzar la voz frente a las cúpulas del poder.
Un Poder Judicial bajo la lupa
La salida de Julisa Contreras ocurre en un contexto de alta tensión donde el Poder Judicial ha sido señalado por su sumisión ante el Ejecutivo. Su caso se ha convertido en un símbolo de la fragilidad de la carrera judicial frente a los intereses políticos de un gobierno que, a través de funcionarios de la SEGOB, prefiere la censura al diálogo.
"Se cierra una etapa, vendrán nuevos proyectos", concluyó la abogada, mientras en los pasillos de los Tribunales Laborales persiste el clima de incertidumbre. La realidad en Puebla es hoy una paradoja: mientras se pregona "amor al pueblo", se violenta la libertad de expresión y se castiga con el desempleo a quien se atreva a cuestionar el sistema.
