Un intenso debate se originó luego de la reciente multa impuesta por la Secretaría Anticorrupción a la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut), esta fue fijada en 42.8 millones de pesos, esto bajo el motivo de irregularidades en el tratamiento de datos personales durante la implementación del sistema “Fan ID”.
Expertos señalan que esta acción sería una incongruencia institucional, pues argumentan que la autoridad parece aplicar las sanciones de forma selectiva, priorizando el castigo a particulares mientras mantiene un silencio absoluto ante las vulneraciones masivas que ocurren dentro de las propias dependencias gubernamentales.
El contraste entre la sanción y la impunidad gubernamental
Ignacio Gómez Villaseñor, especialista en ciberseguridad, señala que la multa a la Femexfut resulta desproporcionada si se compara con el historial de omisiones estatales frente a crisis de datos mucho más críticas.
El especialista habla sobre hackeos documentados y aceptados por el mismo gobierno que no han derivado en consecuencias similares. Un ejemplo es la filtración ocurrida en el banco de sangre del IMSS, donde se expuso información privada de miles de donadores, en la cual se sustrajeron más de dos terabytes de información sensible de múltiples entidades federales, estatales y municipales.
Por esto resulta cuestionable que el rigor sancionador se despliegue con tanta prontitud contra un organismo privado, mientras que los fallos en la seguridad de la infraestructura pública carecen de una investigación formal o de medidas correctivas.
La urgencia de un criterio imparcial en la justicia
Por su parte, Jorge Smekel, señala que lo que molesta a la opinión pública no es la sanción en sí misma, sino la falta de un criterio uniforme para tratar el mal manejo de datos personales.
Para los mexicanos, el derecho a la privacidad debería estar garantizado por igual sin importar quién sea el responsable de la custodia de la información. Este sentimiento es compartido por Vania Pérez Morales, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, quien pone en entredicho la postura de la dependencia al erigirse como un juez discrecional.
La ciudadanía exige que, en un país que aspira a una democracia sólida, la justicia sea una norma general y no una herramienta utilizada según la conveniencia política o la visibilidad de los actores involucrados, dejando a un lado la protección real de los derechos de los mexicanos.
