Ciudad de México. Con 32 votos a favor y tres abstenciones avanza en la Cámara de Diputados la llamada Ley 3 de 3, que impedirá a agresores y deudores alimentarios morosos ser candidatos a puestos de elección popular y ocupar cargos públicos a nivel federal, estatal y municipal.
El dictamen reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución. Se turnó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su próxima discusión y establece que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden no solo por estar prófugo de la justicia sino también cuando: “se tenga sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos”. También se pierden derechos cuando una persona sean declarada como deudora alimentaria morosa.
¿A quienes se aplicará la llamada Ley 3 de 3?
La reforma prevé que la sanción se aplique para hombres y mujeres, “cuando se incurra en estos supuestos, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público”.
Aleida Alavez Ruiz, diputada de Morena e integrante del Grupo Plural que trabajó en la reforma afirmó que la reforma no viola derechos pues se refiere a sentencias firmes y morosos. Dijo: “lo que estamos normando es que ningún agresor acceda a la función pública, llamase del Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, autónomos, todo cargo público, porque lo que no podemos tolerar es que quien agreda a una mujer y, viene redactado con mucho cuidado, tenga la posibilidad de acceder al servicio público y también. La persona que sea declarada como deudora alimentaria, señalar que solamente los morosos, los deudores morosos son los que entraran en este supuesto”
La propuesta surgió de varios colectivos e iniciativas
La reforma fue producto de varias propuestas de diversos colectivos y de iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios y tanto de la anterior como de la actual legislatura de la Cámara de Diputados. Blanca Alcalá Ruiz, diputada del PRI e integrante del grupo plural que trabajo en la reforma aclaró: “esta iniciativa no tiene dedicatoria hacia una, dos o tres personas, se trata de una medida disuasoria para recuperar en la democracia mexicana, insisto, lo que implica la ética política en el manejo, desde el más modesto de los servidores públicos hasta el más encumbrado de quien toma las decisiones”.
Después de varios años se logró su aprobación con el respaldo de las fuerzas políticas que integran la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro. “Hoy desde la Constitución estamos enmarcando esa lucha que viene desde las calles de nuestro país. Reconocer siempre que la probidad es algo que deben de tener aquellas personas que ejercen el poder –por mínimo que sea- y hoy puede ser una realidad”, dijo la diputada del PRD, Elizabeth Prez Valdez, integrante del Grupo de Trabajo.
