Periodistas de la Zona Norte de Guerrero se unieron para manifestarse en contra y frenar lo que consideran un atentado directo contra la libertad de expresión en Guerrero. Reporteros, fotógrafos y comunicadores de diversos medios tomaron las instalaciones del Ayuntamiento de Iguala para exigir al alcalde, Erik Catalán, la retirada inmediata de una reforma al Bando de Policía y Buen Gobierno.
La manifestación surge como respuesta a una iniciativa que pretende facultar a la autoridad municipal para sancionar a quienes "dañen la honorabilidad" de los funcionarios públicos a través de plataformas digitales y redes sociales.
Castigo por criticar al gobierno del alcalde Erik Catalán
La propuesta del alcalde es alarmante: contempla sanciones que van desde amonestaciones públicas hasta el arresto administrativo. Esto significa que cualquier ciudadano o periodista que publique una crítica, denuncia o señalamiento que el Ayuntamiento considere "ofensivo", podría ser detenido por la policía municipal sin un juicio previo ante tribunales civiles.
Los comunicadores advierten que esta medida busca criminalizar la labor periodística y el derecho a la información, convirtiendo a la policía en un brazo represor al servicio de la imagen política del edil.
Alejandro Aparicio, representante del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), denunció enérgicamente la ilegalidad de la reforma.
"Es un ataque directo a los derechos consagrados en la Constitución. No puede ser que el Ayuntamiento pretenda ser juez y parte; ellos deciden qué es una ofensa y ellos mismos te arrestan. Esto deja en total indefensión a los ciudadanos", señaló el líder gremial. El gremio argumenta que las controversias sobre el honor y la difamación son materia de los juzgados civiles, no de un bando municipal administrativo. Al intentar regular esto localmente, el gobierno de Erik Catalán estaría violando jerarquías legales y derechos humanos fundamentales.
Un escudo contra denuncias de corrupción
Durante la protesta, los periodistas señalaron que esta "Ley Mordaza" no es casualidad. Aseguran que es una reacción visceral ante las recientes investigaciones periodísticas que han exhibido anomalías y presuntos actos de corrupción en la actual administración.
Al no poder desmentir las acusaciones con pruebas, el gobierno local busca silenciar a los mensajeros mediante la amenaza del arresto . Finalmente, el cabildo no aprobó la modificación al reglamento porque se determinó que su contenido rebasaba los alcances del Bando de Policía y Buen Gobierno.
