Movimiento Ciudadano adelantó que su bancada en San Lázaro presentará una solicitud de juicio político contra la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Ibarra de Piedra, por su omisión para acompañar a madres buscadoras.
“El órgano autónomo encargado de darle respuesta para hacerle un marcaje personal al Estado Mexicano y darle ese protocolo de acompañamiento a las victimas es la Comisión de Derechos Humanos y Rosario en los años que lleva desde 2019, no ha hecho otra cosas, más que normalizar, solapar y acompañar y eso sí sacar la matraca para acompañar al Estado Mexicano en lo que quieren que sean sus vocerías y no la activación de los derechos de las personas”, dijo la diputada Laura Ballesteros.
Señalamientos políticos a Rosario Ibarra de Piedra
A seis años de haber asumido la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la gestión de Rosario Piedra Ibarra enfrenta crecientes cuestionamientos desde el ámbito político.
Legisladores de oposición han señalado una supuesta cercanía con el oficialismo, lo que, aseguran, ha debilitado la autonomía del organismo encargado de defender a las víctimas.
Movimiento Ciudadano va por juicio político contra Rosario Piedra Ibarra 🚨
— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026
Acusan omisión de la @CNDH en el acompañamiento a madres buscadoras.
“Ha normalizado y solapado”, señala @LBallesterosM pic.twitter.com/NPqJZn4VjU
En este contexto, la diputada Laura Ballesteros afirmó que durante esta administración no se ha registrado un solo litigio relevante en favor de víctimas, sumándose a las voces que exigen la salida de la titular de la CNDH.
El debate sobre el papel de la Comisión continúa abierto. Mientras cifras y testimonios alimentan las críticas, la exigencia central persiste: que el organismo recupere su función esencial de proteger a las víctimas y garantizar el respeto a los derechos humanos en México.
Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, durante 2025 la CNDH reportó 980 expedientes de queja, pero en 506 casos no se acreditaron violaciones a derechos humanos, lo que ha generado dudas sobre los criterios de evaluación.
