Una mujer de Illinois, Estados Unidos, se declaró culpable tras una investigación que la vincula con videos de maltrato animal. Se trata de Amanda Leigh Fourez, quien pagó miles de dólares para que otras personas hicieran videos sexuales de tortura que involucraban a monos pequeños y maduros.
Detalles del caso Amanda Leigh Fourez y la red de maltrato animal
Este material, conocido como “videos de aplastamiento de animales”, mostraba a monos reales que eran quemados vivos, sufrían mutilaciones de genitales y otros tipos de maltrato.
La mujer era integrante de varios grupos de chats dedicados a la fabricación, distribución y discusión de videos violentos y sexuales de esta naturaleza. Desafortunadamente, no es la única persona que ha participado en este tipo de crímenes.
Joseph Garret Buckland, de Mount Pleasant, Pensilvania, también era integrante de esta clase de grupos virtuales y se declaró culpable del delito de conspiración para crear y distribuir videos de maltrato animal a inicios de abril de 2026.
La participación del FBI e ICE en la lucha contra los ciberdelitos de tortura
La investigación del caso fue llevada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, ya que esta agencia también vigila el cumplimiento de 400 leyes federales y estatutos, entre ellos, ciberdelitos.
“Fourez admitió su participación en la creación de estos horribles videos y su publicación en internet. ¿Qué clase de persona enferma pagaría a alguien para grabar un video de tortura animal sexualizada? ICE continuará investigando a estos grupos sádicos en línea y hará todo lo posible para detenerlos”, aseguró Todd M. Lyons, director de ICE, en un comunicado.
¿A qué cargos se enfrenta la acusada en Estados Unidos?
Fourez se declaró culpable en una audiencia el 15 de abril de 2026 de los cargos de distribución y conspiración para crear y distribuir videos de maltrato animal a través de grupos de chat en línea.
Ella enfrenta una pena máxima de cinco años de cárcel por el cargo de conspiración, así como una sanción máxima de siete años de prisión por el cargo de distribución, además de una multa de hasta 500 mil dólares. El juez determinará la sentencia después de considerar los factores del caso.
