Ni estando en la cárcel, implicados revelan qué hicieron con Olin, joven desaparecido en el Ajusco desde 2017

La desolación de no saber el paradero de un ser querido es una realidad compartida por cientos de familias en la zona del Ajusco, en la Ciudad de México. La historia de Ameli García, una de las personas desaparecidas, resuena junto a la de al menos otros 300 individuos cuyo rastro se perdió desde 2017 hasta la fecha. Entre ellos, el caso de Olin Hernando Vargas Ojeda, un joven de 24 años cuyo destino permanece incierto desde hace años.

Olin salió de su casa con un propósito aparentemente inocente: iba a encontrarse con una compañera que no había visto en ocho años. Sin embargo, lo que parecía un reencuentro se transformó en una trampa cruel. “Todo fue un engaño”, relatan sus familiares, al recordar cómo este pretexto lo llevó directo a una pesadilla.

La fatalidad ocurrió el 26 de noviembre. Olin fue secuestrado mientras se dirigía hacia Valle del Tetzontle, específicamente sobre la carretera Circuito Ajusco. El impactante suceso se confirmó de madrugada, con una llamada que cambió para siempre la vida de su familia. “A la una y media de la mañana del día 27, despierto a mi esposo y me dice que tienen a Olin, piden 6 millones”, relata la madre, reviviendo el momento en que se les exigió una suma millonaria por su liberación.

Tres días después de su desaparición, la camioneta en la que Olin se había trasladado para encontrarse con su supuesta amiga fue localizada. Ahí, en el vehículo, se encontraron rastros que sugerían la violencia del secuestro: su playera y manchas de sangre en el tablero, las cuales, según las autoridades ministeriales, son de él. Estos indicios, sin embargo, no han sido suficientes para dar con su paradero.

Hasta el día de hoy, la esperanza se aferra a las decenas de carteles con la ficha de búsqueda de Olin, que están pegados a lo largo de la carretera del Ajusco. Con cada volante, la familia anhela que alguna persona lo identifique y pueda aportar información crucial. Esta desesperada medida se debe a una amarga realidad compartida por la mayoría de los casos de desaparición: la percepción de que las autoridades no han actuado con la diligencia necesaria.

“No se hizo un aparato de búsqueda con policías, elementos de la Guardia Nacional, que eso, pues, debió de haber sucedido el 27 de diciembre, no cuatro meses después”, critican los familiares, señalando la tardanza y la falta de un despliegue adecuado en los momentos clave de la investigación. Actualmente, dos individuos presuntamente implicados en la desaparición de Olin se encuentran bajo custodia. No obstante, a pesar de estar encarcelados, se niegan a revelar qué hicieron con Olin o cuál fue su destino final.

Esta situación refleja la angustia de cientos de familias que, como la de Olin Hernando Vargas Ojeda, se ven forzadas a luchar por su cuenta en la búsqueda de sus seres queridos, mientras esperan respuestas y acciones contundentes de un sistema que, a menudo, parece dejarles solos en su dolor.

La región del Ajusco, en la Ciudad de México, se ha convertido en un sombrío escenario de desesperación para cientos de familias que buscan a sus seres queridos. Desde el año 2017 a la fecha, se estima que al menos 300 personas han desaparecido en esta zona, dejando un rastro de angustia y una dolorosa incertidumbre.

La situación se agrava por la percepción generalizada de que las investigaciones oficiales no avanzan con la celeridad ni el despliegue necesarios. La tardanza en activar protocolos de búsqueda, la falta de recursos asignados y la aparente indiferencia de algunas instituciones son quejas recurrentes de los afectados.

A pesar de que en algunos casos se logra la detención de presuntos implicados, como sucedió con dos individuos en el caso de Olin, la verdad sobre el destino de los desaparecidos rara vez sale a la luz, profundizando el dolor de quienes claman por justicia y por saber qué pasó con sus familiares.

Este panorama dibuja una crisis humanitaria que exige una atención urgente y coordinada. Las familias del Ajusco, al igual que muchas otras en el país, se ven obligadas a convertirse en investigadores y activistas, pegando carteles y rastreando pistas con la esperanza de que alguien identifique a sus seres queridos.