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Fuerza Informativa Azteca te lleva lo más destacado del noticiero de Hechos con Javier Alatorre, que cumple 30 años de transmisión en vivo por TV Azteca.

Reina Isabel II presionó al gobierno para ocultar su patrimonio

The Guardian reveló una que la Reina Isabel II y el Príncipe Carlos han revisado más de mil leyes antes de ser aprobadas, incluyendo una de transparencia, que pidió modificar para ocultar sus inversiones en empresas privadas.

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Escrito por: Fuerza Informativa Azteca
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| Crédito: Reuters

De acuerdo con una investigación del diario británico The Guardian, la Reina Isabel II preisonó al gobierno del Reino Unido para cambiar un proyecto de ley con el objetivo de ocultar sus inverciones privadas a la ciudadanía.

De acuerdo con la publicación, esto fue posible gracias a que la monarca y su hijo mayor, el Príncipe Carlos, primero en la línea de sucesión al trono, han revisado mil 62 leyes antes de ser publicadas. Esto es completamente legal, de acuerdo con la página web de la casa real.

El Parlamento debe pedir a la Reina su consentimiento para el debate de proyectos de ley que “puedan afectar los intereses de la Corona”.

Los hechos ocurrieron en 1973, cuando el entonces primer ministro británico, Edward Heath, impulsaba una ley de transparencia. En la promulgación final, el gobierno incluyó una cláusula que eximía que los jefes de Estado tuvieran que hacer públicas las empresas en las que se invertía.

El acuerdo permitió la creación de una empresa fantasma, respaldada por el Estado, que habría ocultado participaciones e inversiones de la reina desde la década de los setenta hasta 2011.

La investigación, basada en documentos encontrados en los aservos del Archivo Nacional Británico, que el proceso ha permitido que Isabel II y sus abogados presionaran para conseguir cambios legislativos, como el caso particular de la ley de transparencia.

¿CÓMO SE EJECUTÓ EL CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN?

Según el reporte, Matthew Farrer, entonces socio del bufete de abogados Farrer&Co, visitó a varios funcionarios del Departamento de Comercio e Industria para discutir varias medidas de transparencia del poder ejecutivo. La legislación tenía como intención, entre otras cosas, evitar que inversores acumularan participaciones significativas en secreto en empresas activas en la bolsa de valores mediante la venta de sus acciones a través de empresas pantalla.

La propuesta original incluí una cláusula que otorgaba a los directivos el derecho a elegir a las personas que debían revelar sus acciones en las empresas. Farrer informó del descontento de la Monarca y propuso la excepción para la Reina.

“Cualquier divulgación de la titularidad real de las acciones por parte de la corona, incluso si se limita a los directores de la empresa, era potencialmente embarazosa, debido al alto riesgo de filtraciones”, afirmó el abogado.

En consecuencia, el gobierno atendió la petición e incluyó una cláusula en el proyecto de ley que permitía que ciertas empresas no tuvieran que declarar la identidad de los accionistas, con lo que se evitaría saber de dónde provenía la fortuna de la reina. Esta ley no fue promulgada por el gobierno de Heath, sino hasta 1976, por el laborista Harold Wilson.

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La extensión fue cedida a la empresa Bank of England Nominees Limited, operada por personal de alto nivel del Banco de Inglaterra. Esto ayudó a que la fortuna de la Reina permaneciera oculta hasta 2011.

LA RESPUESTA DE BUCKINGHAM

Sobre la investigación, la casa real respondió a través de un comunicado en el que se afirma que el consentimiento de la Reina es un proceso parlamentario, con el papel de soberano meramente formal.

“El monarca siempre otorga el consentimiento cuando lo solicita el gobierno. El Parlamento decide si se requiere el consentimiento de la reina, independientemente de la casa real, en asuntos que afectarían los intereses de la corona, incluida la propiedad personal y los intereses personales del monarca”, precisó.

El comunicado señala que cuando se requiere el consentimiento, se entrega al monarca para que éste lo apruebe o no únicamente por consejo de los minsitros, y se denomina como asunto de dominio público.

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