Periodistas y familias desaparecidos en México viven en el abandono. El gobierno que debería protegerlos, les ha dado la espalda. Hoy, las cifras lo demuestran. Ese grito de ayuda que es ignorado sigue luchando por justicia.
El 26 de marzo de 2019, la periodista Lourdes Maldonado pidió ayuda directamente al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador por un conflicto que tenía con Jaime Bonilla, quien llegó a ser gobernador de Baja California.
“Vengo aquí también para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida (...) lo hago porque es su senador con licencia, su supercoordinador de delegaciones y su próximo candidato a gobernador de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla”, señaló la periodista en conferencia de prensa del exmandatario.
AMLO dejó caso de Lourdes Maldonado en manos de Jesús Ramírez
Con total indiferencia, el expresidente encargó el caso a un funcionario. “Le voy a pedir a Jesús Ramírez, que es el coordinador de Comunicación Social, que te atiendan, que te apoyen para que haya justicia, que no haya influyentismo y que se actúe en el marco de la ley”, expresó López Obrador.
El 23 de enero de 2022, Lourdes Maldonado fue asesinada a tiros afuera de su casa en Tijuana. Meses después, otro periodista, Rodolfo Montes, llevó su caso a La Mañanera de López Obrador.
“Pasé a Tabasco, estuve en Veracruz, en Puebla, en Campeche. El mecanismo me está retirando ahorita las escoltas. Hoy, a las dos de la mañana, mi hija salió del país. Voy a la fiscalía a ratificar mi denuncia. Quiero dar con los agresores, quiero recuperar mi libertad”, expresó entre lágrimas el periodista.
Las lágrimas no conmueven a la 4T. La Federación Internacional de Periodistas denunció que la protección a Montes fue parcial y temporal.
Desaparecidos en México: la otra deuda del gobierno con las familias
México uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Pero no solo la prensa ha sido víctima de la violencia y el gobierno tiene una deuda: encontrar a personas desaparecidas.
“Aunque sea un huesito, un huesito para tenerlo y saber que está ahí. Un huesito, aunque sea, que nos digan, para darles cristiana sepultura”, fue la súplica de Gustavo Hernández, padre de Abraham Said Hernández del Razo, de 33 años, visto por última vez en el estado de Nuevo León el 14 de abril de 2024.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, abrazó al padre buscador Gustavo Hernández, pero de ahí no pasó.
“Desafortunadamente estoy viviendo algo que en el país muchas familias estamos viviendo. Estoy muerto en vida, porque es un dolor indescriptible. La verdad, nunca llegué a pensar en vivir esta situación”, dijo Gustavo Hernández, padre buscador.
“Aunque sea un huesito": Padre busca a su hijo; subió a un taxi y nunca lo volvió a ver
Los datos de la 4T que revictimizan y distorsionan la realidad
La altiva indiferencia del gobierno morenista hoy dio un nuevo golpe a Gustavo Hernández y a todos los padres y madres buscadoras. Los colectivos dijeron que el gobierno intentó minimizar y distorsionar la crisis de desaparecidos.
“El 66 por ciento, 262 mil 111 personas, ya han sido localizadas y, de ellas, 92 por ciento, 240 mil 211, fueron encontradas con vida. Del total de personas localizadas, 96 por ciento no fue víctima de algún delito”, Maricela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El gobierno dijo que el 66 por ciento de los desaparecidos son localizados. No solo eso. Dijeron que no hay elementos para buscar a parte de los desaparecidos y que otros tienen actos registrados después de su desaparición; es decir, que niegan que estén desaparecidos.
“40 mil 308 registros (31 por ciento) sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda y, de los cuales, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición, entre ellos: matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE”.
Faltaba la estocada final de Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“El 33 por ciento del total son registros con datos suficientes para la búsqueda, de los cuales aún no se han encontrado actividades recientes o trámites realizados ante instituciones. De estos, solo 3 mil 869 cuentan con carpeta de investigación”, dijo Maricela Figueroa Franco.
Los colectivos señalan que las afirmaciones carecen de sustento metodológico y desconocen sus trabajos de búsqueda. En pocas palabras, los revictimizaron.
