La ofensiva contra las voces críticas y el periodismo de investigación parece ser la constante en distintos niveles de gobierno. En las últimas horas, dos casos han puesto en evidencia el uso de recursos legales y administrativos para frenar cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos: uno en Acapulco y otro a nivel federal contra una reconocida activista.
Acapulco: “Tengo carta para callar voces”
En el puerto de Acapulco , la alcaldesa Abelina López pasó de la defensa al ataque. La edil denunció penalmente al medio digital “Acapulco Trends”, luego de que este portal revelara un presunto desvío de 898 millones de pesos en su administración.
🚨 Alerta por #censura a #periodistas en #México…
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 22, 2026
En 2025 se ha intensificado la persecución y censura contra periodistas y medios, con al menos 51 casos documentados.
Denuncian el uso de fiscalías y jueces para silenciar la crítica, mientras comunicadores enfrentan procesos… pic.twitter.com/q33mRHXKyP
Lejos de aclarar las cifras con transparencia, la alcaldesa presumió ayer contar con un documento oficial que, según sus propias palabras, utilizará para silenciar a quienes la cuestionan.
“Yo tengo carta liberada para callar voces que dejen de estar hablando, no tengo problemas con la Auditoría Superior de la Federación (ASF)...”, sentenció López, interpretando la liberación de su cuenta pública como una licencia para detener la crítica periodística.
La persecución contra María Amparo Casar
En un escenario paralelo de tensión, otra “voz incómoda” enfrenta el peso del aparato judicial federal: María Amparo Casar. La presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha sido blanco de la Fiscalía General de la República (FGR), que la acusó de uso ilícito de atribuciones y facultades.
El caso gira en torno a una pensión presuntamente ilegal que la analista recibió. Aunque la imputación fue suspendida en 2025, la presión no ha cesado. Casar ha denunciado públicamente que esto se trata de una persecución judicial disfrazada de legalidad, cuyo verdadero objetivo es un intento de silenciar su activismo y las investigaciones de corrupción que su organización realiza.
Entre demandas locales y fiscalías federales, el mensaje para los críticos parece ser el mismo: el escrutinio público se paga con procesos judiciales.
Entrevista con “Lafita”, periodista acusado de terrorismo en Veracruz
Otto Martínez se encuentra en Coatzacoalcos, Veracruz, afuera del domicilio del periodista Rafael León “Lafita” , quien había estado bajo arraigo domiciliario durante 30 días tras ser detenido en Nochebuena.
Se confirmó que le retiraron el cargo de terrorismo (lo que evitó una posible pena de 30 años) y, justo el día de la entrevista, recibió la noticia de que se termina su arraigo domiciliario, permitiéndole recuperar su libertad de tránsito mientras continúa el proceso en libertad.
