Cd. de México.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, prohibir y sancionar la violencia que sufren las mujeres en la política.
Se reformaron 49 artículos de seis leyes, entre ellas figura la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que prevé como sanción el reducir hasta el 50 por ciento el financiamiento público que reciben los partidos políticos, si no garantizan la mitad de las candidaturas y asignación de puestos de elección popular municipales, estatales y federales a las mujeres o permitan acciones que generen violencia de genero.
Se advierte que la sanción por la violencia de genero podría llegar también a la cancelación del registro de candidaturas o del propio partido político, e incluso pedir la suspensión del cargo del agresor.
Con 419 votos a favor, se avaló estipular como delito electoral la violencia política en razón de género que se ejerza en la esfera pública o privada en contra de una mujer.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales incluye sancionar hasta con 2 años de cárcel a quien provoque o permita por acción u omisión la violencia política a través de la descalificación, difamación, ridiculización, bromas hirientes, agresión verbal física o psicológica, acose, hostigue, amenace, intimide o presione a una mujer para renunciar a un cargo o candidatura.
Los diputados modificaron la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales para estipular que las candidaturas y nombramientos de cargos por asignación será de 50 por ciento para hombres y mujeres.
Las reformas permitirán a las mujeres integrar en forma paritaria el Consejo General del INE y de los organismos Público Locales y ocupar la presidencia en forma alternada entre hombre y mujer, una vez concluido el mandato de quien ocupe el cargo.
Se obliga a los partidos a promover la igualdad, garantizar la participación paritaria en la integración de sus órganos y postulación de candidaturas en todos los niveles y castigar de manera interna la violencia en razón de genero.
La Cámara de Diputados modifico la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Republica para incluir dentro de los métodos de investigación la creación de la Base Estadística Nacional de Violencia Política en razón de Género y la ceración de comisión especial para su investigación.
El dictamen se turnó al Senado de la República para su validación.