La reciente postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el uso de símbolos y tradiciones indígenas ha desatado una tormenta en el Caribe mexicano. Lo que inició como un debate jurídico, hoy se traduce en una amenaza directa contra la Travesía Sagrada Maya, una de las manifestaciones culturales más importantes que sostiene no sólo la identidad de los pueblos originarios, sino también una parte fundamental del atractivo turístico de Quintana Roo.
Este sábado 18 de abril, el Gran Consejo Maya, encabezado por su presidente Salomón Caamal Coh, alzó la voz en una marcha multitudinaria en Playa del Carmen. La demanda es clara: certidumbre jurídica.
La ambigüedad y las restricciones impuestas por el máximo tribunal del país no solo vulneran el derecho a la libre determinación de las comunidades, sino que envían un mensaje de inestabilidad que podría ahuyentar al turismo cultural que busca experiencias auténticas en la región.
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Para las comunidades indígenas, el uso de sus símbolos en eventos como la Travesía Sagrada no es un acto mercantil, sino un esfuerzo de preservación que fue rescatado del olvido hace décadas. La Suprema Corte, bajo la gestión del ministro Hugo Aguilar Ortiz, es señalada por el Gran Consejo Maya de actuar con soberbia al ignorar las formas de representación legítimas
"No puede hablarse de justicia cuando se ignora deliberadamente a quienes se dice proteger", sentenció Caamal Coh, denunciando que la Corte ha faltado a su palabra de escuchar a los pueblos.
Desde el turismo, la prohibición de estos elementos pone en jaque la colaboración entre el sector privado —específicamente Grupo Xcaret— y las comunidades. El Consejo reafirmó que el convenio con la empresa busca la protección y promoción cultural, y que cualquier traba jurídica impuesta desde la capital del país solo logra dividir a la población y debilitar la imagen de México como un destino respetuoso de sus raíces.
El riesgo de la división y la exclusión
El Consejo Maya aseguró que todo este movimiento la están encabezando grupos reducidos que buscan desvirtuar la voluntad colectiva. Sin embargo, la mayor preocupación radica en la falta de interlocución federal. El Gran Consejo Maya ha solicitado formalmente a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, la destitución de funcionarios como Óscar Baranda González, acusándolo de generar desinformación y excluir a los verdaderos representantes indígenas.
El Consejo Maya es contundente: las tradiciones se defienden. Si la Suprema Corte insiste en legislar desde el escritorio sin pisar el territorio, el costo no será solo una sentencia jurídica, sino una pérdida irreparable en el tejido social y una caída en la competitividad de un estado que vive de contarle al mundo la grandeza de la cultura maya.
