El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) ha desatado una ola de indignación nacional tras declararse "incompetente" para proteger a Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, frente a la violencia política y misoginia ejercida por el senador Gerardo Fernández Noroña. Con un fallo dividido, las instituciones locales enviaron un mensaje contundente: en Michoacán, las servidoras públicas que llegan al poder tras una tragedia no tienen los mismos derechos que las electas en urnas.
Cronología del asedio: Los mensajes de Noroña
La denuncia de Quiroz se basa en un historial de publicaciones en la red social X y en videos YouTube, donde el legislador ha volcado críticas que rebasan la esfera política para entrar en lo personal y lo denigrante. Algunos de los mensajes que emitió fueron:
"Hay quienes creen que el poder se hereda por acta de matrimonio. Uruapan merece una autoridad que haya caminado las calles, no alguien que ocupa una silla por una tragedia personal. La política no es una herencia familiar".
En otra ocasión, el senador hizo referencia directa a la capacidad de la alcaldesa:
"Parece que en Michoacán confunden la administración municipal con un duelo personal. La señora debería entender que gobernar no es una terapia, es una responsabilidad para la que no fue electa. El Congreso le hizo el favor, pero el pueblo no la conoce".
Estos comentarios, que minimizan la trayectoria y la designación constitucional de Quiroz, son los que la magistrada Yurisha Andrade se negó a sancionar bajo el pretexto de que la alcaldesa no fue "electa en las urnas".
"Justicia arrodillada": El miedo al Senado
Grecia Quiroz denunció que, tras la decisión de los magistrados Andrade, Adrián Hernández y Eric López, subyace un factor ajeno a la ley: el miedo. "Resulta indignante escuchar a la magistrada Andrade insinuar que emiten estas resoluciones por miedo a represalias del Senado de la República. La justicia no puede estar arrodillada", sentenció Quiroz tras conocer el fallo.
La alcaldesa subrayó la contradicción del Estado: se le exige cumplir al 100% con sus obligaciones constitucionales en un municipio golpeado por la inseguridad, pero se le niega el derecho a defender su dignidad ante el acoso de un legislador federal.
Un voto por la congruencia
A pesar del fallo mayoritario, las magistradas Alma Bahena Villalobos y Ameli Gisell Navarro Lepe votaron en contra, defendiendo la "equivalencia funcional". El argumento es simple: si Quiroz tiene todas las responsabilidades del cargo, debe contar con la misma protección legal contra la violencia de género.
"No me voy a rendir", advirtió Quiroz, quien confirmó que llevará el caso a la Sala Regional Toluca del TEPJF. Para la alcaldesa, el origen de su cargo no puede seguir siendo el escudo de impunidad que utilicen las instituciones para proteger a los agresores en el poder.
