El contrabando de combustible entre Estados Unidos y México se ha convertido en uno de los negocios ilegales más lucrativos del país. De acuerdo con estimaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, el daño económico por esta operación asciende a 600 mil millones de pesos en los últimos años.
Lo que comenzó como un esquema discreto de importación irregular, hoy se perfila como una organización trasnacional con vínculos políticos, empresariales y hasta militares, capaz de articular a cientos de funcionarios corruptos en aduanas, puertos y carreteras de todo el país.
El origen del combustible: Texas y la ruta de la corrupción
El combustible sale de refinerías en Texas con permisos de importación aparentemente legales emitidos por la Secretaría de Energía. Sin embargo, una vez que los barcos cruzan a México, entra en juego una compleja red criminal compuesta por marinos, agentes aduanales y empresarios.
Tan solo entre abril de 2024 y mayo de 2025, 31 buques provenientes de Texas llegaron al puerto de Tampico, Tamaulipas, con documentos falsificados y pruebas adulteradas de laboratorio de la Agencia Nacional de Aduanas. En uno de esos buques se transportaron 10 millones de litros de diésel ilegal.
Según las investigaciones, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, mandos de la Marina y sobrinos del exsecretario Rafael Ojeda, son señalados como las cabezas visibles de esta red. Ellos habrían usado su influencia para colocar a sus cómplices en puestos clave dentro de aduanas y puertos.
Empresas y transportistas en el negocio de combustible ilegal
Una vez en suelo mexicano, el combustible era trasladado en cientos de pipas que circularon libremente por carreteras vigiladas por la Guardia Nacional y el Ejército. Empresas transportistas como Mefra Fletes, Amol y Roca fueron señaladas como parte del esquema: 596 de sus unidades se usaron para mover solo el contenido de dos de los buques.
En algunos casos, los patios de maniobras de estas compañías se convirtieron en almacenes clandestinos de combustible. Además, se detectó el uso de la red ferroviaria para el traslado: en julio pasado, autoridades en Coahuila aseguraron 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de diésel.
Cien empresas y 50 gasolineras bajo la lupa
De acuerdo con el expediente del caso, más de 100 empresas están bajo investigación por presunta participación en el mercado ilegal de hidrocarburos. Entre las principales figuran Altos Energéticos Mexicanos, Grupo Base Energéticos, Grupo Potesta, Transportadora del Pacífico y Era Tech Combustibles.
La red es tan amplia que incluso se detectaron vínculos internacionales con exportadoras, navieras y bancos que habrían servido para lavar miles de millones de pesos derivados del contrabando.
La Procuraduría Fiscal ya presentó denuncias por 16 mil millones de pesos, pero la pregunta sigue en el aire: ¿Quién o quiénes lideran realmente este entramado criminal que ha operado con total impunidad?
Las investigaciones continúan, y aunque ya se han identificado nombres y empresas, el verdadero poder detrás del contrabando de combustible en México parece seguir oculto entre intereses políticos, militares y financieros.
