El Pleno del Senado de la República ha aprobado la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la tercera de las leyes secundarias en el marco de la reforma al Poder Judicial. Esta ley fue aprobada con un total de 77 votos a favor y 31 en contra con mayoría de Morena .
¿Qué hace la Ley General de responsabilidades administrativas?
La Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene como objetivo establecer las normas que regulan las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Esto incluye definir sus obligaciones, las sanciones aplicables por actos u omisiones, y los procedimientos para su aplicación.
La aprobación de esta ley es parte del proceso de implementación de la reforma judicial en México , que incluye otras leyes como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial.
¿Qué establece la Reforma Judicial?
La
reforma judicial en México
establece varios cambios significativos en la forma en que se eligen los jueces y magistrados, como:
- Elección Popular de Jueces, a partir de 2025, todos los jueces, tanto a nivel federal como estatal, serán elegidos mediante voto popular. Esto incluye aproximadamente mil 700 cargos judiciales a nivel federal y los poderes judiciales locales en los 32 estados del país.
- Modificaciones Constitucionales, la reforma, modifica 19 artículos clave de la Constitución. Entre los cambios más significativos se encuentra la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) de 11 a 9 y la eliminación de las Salas, haciendo que la Corte funcione exclusivamente en Pleno.
La implementación de esta reforma está siendo monitoreada tanto a nivel nacional como internacional debido a sus implicaciones para el acceso a la justicia y el equilibrio entre los poderes del Estado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por la reforma, advirtiendo que cualquier intento de democratizar el sistema judicial debe respetar principios como la independencia judicial y evitar la intromisión del poder ejecutivo.
