Tiene 15 años. Lo atraparon con el arma en la mano. Disparó contra un senador colombiano y precandidato presidencial y no irá a la cárcel.
No porque no haya pruebas. No porque sea inocente. No porque sea un error judicial, si no, porque la ley lo protege por ser menor de edad.
El castigo más alto que puede recibir: 8 años en un centro de internamiento juvenil.
Y Colombia no es una excepción. Pasa en buena parte de América Latina.
En México, ocurre exactamente lo mismo. Según la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, un menor de edad que cometa un homicidio no puede recibir una pena mayor a 5 años si tiene entre 12 y 14 años, ni mayor a 10 años si tiene entre 14 y 18.
Pero casi ninguno cumple su sentencia completa. La ley no está hecha para protegerte a ti.
Según datos del INEGI, más de 5,000 adolescentes cometen delitos graves al año. Y según el propio sistema judicial, el 96% de ellos no cumple su condena completa. Eso significa que miles de víctimas jamás verán justicia, ni castigo ejemplar, ni reparación del daño. Nada.
¿La razón?
Porque el menor “no es un criminal”. Es un “adolescente en conflicto con la ley”. Así se le llama, aunque haya matado, secuestrado o extorsionado.
Pero el verdadero conflicto es otro, el Estado está fallando antes del crimen ¿Quién recluta a un menor de edad para asesinar a un político por dinero? ¿Quién les da las armas? ¿Quién les dice que no importa?: El crimen organizado.
¿Y quién los deja solos, sin opciones, sin salida, sin futuro?: El Estado.
Porque esto no empieza con una pistola, empieza mucho antes.
Empieza en casas rotas, escuelas en ruinas, jovenes sin oportunidades, educación precaria, en fin, familias sin gobierno.
Empieza cuando el el estado mexicano cree que con darle 2mil pesos mensual a una familia resuelve sus problemas.
Ese joven colombiano que disparó contra el senador Miguel Uribe lo dijo sin rodeos: “Lo hice por dinero”
Le ofrecieron 20 millones de pesos colombianos, unos 85 mil pesos mexicanos, o 4,500 dólares. Y en México hay menores que matan por 10 mil pesos.
¿Ese es el valor que le hemos puesto a una vida?
Mientras el Estado les da la espalda a esos jovenes, el crimen les ofrece sentido, pertenencia, un arma y un propósito. El Estado exige que no maten, pero no les ofrece una razón para no hacerlo.
El dilema es incómodo: ¿a quién le corresponde la culpa?: ¿A los jóvenes, por elegir ese camino? ¿A las familias, por no haberlos educado mejor? ¿A la escuela pública que nunca llegó? ¿Al gobierno que jamás se asomó por su colonia?
No podemos fingir que esto es sólo un problema judicial.
Cuando un país tiene miles de niños dispuestos a matar por unos cuantos billetes, algo está profundamente roto. Y si el Estado no actúa pronto, no sólo va a perder a esos niños. Va a perderse a sí mismo.
