El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivó la polémica sobre su política migratoria tras criticar públicamente a los jueces federales, acusándolos sobre obstaculizar los esfuerzos de su administración por aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) como fundamento legal para deportar a migrantes considerados peligrosos para la seguridad nacional.
Desde su cuenta en Truth Social, el mandatario expresó su frustración con el poder judicial al señalar: “Nuestro sistema judicial no me permite ejercer el cargo para el que fui elegido. Los jueces activistas deben permitir que la administración Trump deporte a asesinos y otros criminales que han entrado ilegalmente a nuestro país, sin demora”.
Juez determinó que usar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a migrantes es ilegal
El conflicto se intensificó después de que el juez federal Fernando Rodríguez, en una resolución de 36 páginas, impidiera al Gobierno continuar con las deportaciones de venezolanos detenidos en el sur de Texas, utilizando dicha ley del siglo XVIII. En su fallo, el magistrado argumentó que las acciones de la pandilla venezolana Tren de Aragua no constituían una invasión o amenaza que justificara el uso de una legislación pensada para tiempos de guerra.
El juez Rodríguez, quien fue designado por el mismo Trump en su primer mandato, concluyó que la proclamación presidencial “excede el alcance legal del estatuto” y, por tanto, su aplicación es considerada ilegal.
¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros y por qué genera controversia?
La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, fue diseñada para permitir al presidente detener o deportar ciudadanos de naciones enemigas durante conflictos armados. Sin embargo, la actual administración de Trump ha buscado reinterpretar esta ley como herramienta para deportaciones rápidas de migrantes indocumentados, en especial de grupos vinculados con delitos violentos o terrorismo.
Los tribunales de distintos estados, como Colorado y Texas, han emitido decisiones que imponen restricciones legales a esta estrategia. Mientras en Colorado se exige al Gobierno un mínimo de 21 días para que los migrantes puedan apelar. El dictamen de Rodríguez va más allá: prohíbe permanentemente el uso de esta ley para deportaciones en su jurisdicción.
La respuesta de la Casa Blanca: “Tenemos un mandato del pueblo”
La administración ha defendido su postura argumentando que los ciudadanos respaldaron en las urnas la mano dura contra la inmigración ilegal. En un comunicado oficial, el portavoz Kush Desai afirmó que “la victoria electoral de Trump representa un mandato claro para expulsar a extranjeros ilegales vinculados con el terrorismo”.
Añadió que el presidente “usará sin disculpas cada poder otorgado por la Constitución y el Congreso para cumplir con esa misión” y aseguró que el Gobierno “confía en que finalmente prevalecerá en los tribunales”.
