Frente a una nueva oleada de inmigrantes ilegales que arriban a Florida, el gobernador Ron DeSantis firmó tres proyectos de ley para combatir principalmente el ingreso de extranjeros indocumentados al estado y anunció que esta medida también implicará un cambio en determinadas tarjetas emitidas para estas personas.
A través de una rueda de prensa, el líder republicano apuntó contra la administración de Joe Biden por sus políticas migratorias y dijo que “el gobierno federal no ha cumplido con su responsabilidad de asegurar la frontera sur”, en relación con su territorio. “En Florida no toleramos la inmigración ilegal y mucho menos la anarquía cometida por extranjeros ilegales que, en primer lugar, no deberían estar aquí. Los proyectos de ley que firmé mejoran aún más las capacidades para hacer cumplir la ley”, sentenció.
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¿En qué consiste la ley SB 1718 del gobernador Ron DeSantis contra los migrantes en Florida?
¿Cuáles son las tres leyes que se aprobaron en Florida?
Según explicó el mandatario estatal, los proyectos están apuntados directamente a frenar la llegada de inmigrantes indocumentados al Estado del Sol. Sin embargo, una de estas nuevas reglamentaciones implicaría un paso más contra los extranjeros que tienen ese estatus, además de las posibles penas y detenciones.
Se trata de la ley HB 1451, la cual impedirá que los condados y municipios acepten tarjetas de identificación emitidas por otras jurisdicciones a personas que se encuentran de manera ilegal. Meses atrás, DeSantis había comunicado esta decisión en su cuenta de X donde agregó que, anteriormente, ya habían prohibido a los gobiernos locales y a las ONG emitir identificaciones a extranjeros ilegales.
We’ve previously banned local governments and NGOs from issuing IDs to illegal aliens.
— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 15, 2024
Today, I signed HB 1451, which prohibits counties and municipalities from accepting IDs issued to illegal aliens. pic.twitter.com/1rk417PwBO
Dentro de Estados Unidos, solo hay 19 entidades que permiten que los migrantes indocumentados obtengan una licencia de conducir, además del Distrito de Columbia.
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Por otro lado, el gobernador firmó los proyectos HB 1589, que incrementa las penas a las personas que manejen un vehículo sin una licencia válida; y la SB 1036, que establece mayores penas para los delitos cometidos por individuos que regresen a EU luego de haber sido deportados.
En el primer caso, se aumentará la sentencia máxima de 60 días a un año de cárcel por dos o más delitos, mientras que la sentencia mínima obligatoria es de diez días de prisión por tres o más delitos. En la segunda normativa, las nuevas sanciones serán:
- Un delito grave de tercer grado (hasta cinco años de prisión) después de la deportación será imputado como un delito grave de segundo grado (hasta 15 años de prisión).
- Un delito grave de segundo grado (hasta 15 años de prisión) después de la deportación será imputado como un delito grave de primer grado (hasta 30 años de prisión).
- Un delito grave de primer grado (hasta 30 años de prisión) después de la deportación se considerará un delito grave de por vida.
