Un día después de que la Corte de Apelaciones bloqueara la entrada en vigencia de la ley SB4 en Texas, continúan el ida y vuelta y los entredichos entre las autoridades por esta reglamentación que permitirá la penalización de los ingresos ilegales al estado norteamericano, y le dará poder a la policía para arrestar a cualquier persona que se crea que ingresó de manera indebida al país. ¿Qué pasará con esta norma?
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El pasado martes, la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde al distrito para implementar esta ley y, desde distintas organizaciones de derechos humanos y el gobierno federal, presentaron amparos ante la Justicia para impedir esta decisión. Fue entonces cuando el Proyecto de Ley del Senado 4 (SB4) fue restringido por el tribunal para su efectividad.
La promulgación de esta norma en diciembre por el gobernador republicano Greg Abbott no cuenta todavía con la aprobación para su aplicación y desde la administración del presidente Joe Biden sostienen que "la Constitución y el precedente legal establecen que el gobierno nacional tiene el poder exclusivo de hacer cumplir la ley de inmigración".
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¿Qué pasará con la reglamentación de la ley SB4?
En la audiencia que se llevó a cabo el miércoles, tres jueces interrogaron al procurador general de Texas sobre los detalles de la ley y escuchó argumentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) sobre por qué debería ser revocada. Aunque todavía no se ha conocido el veredicto, los medios estadounidenses han expresado que la norma podría permanecer en suspenso mientras el tribunal de apelaciones delibera.
Una vez que se apruebe y entre en vigencia, el gobierno de Texas podrá invertir 1,500 millones de dólares para construir su propio muro fronterizo. Además, el estado podría permitir que se asignen entre 20 a 30 millones de dólares de los impuestos que pagan los residentes por 1.6 kilómetros para construir el muro.
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En tanto, desde la Casa Blanca argumentan que el estado "excedió sus límites constitucionales" al aprobar la SB4, y sostiene que la política de inmigración y la aplicación de esta ley son "funciones exclusivas" del gobierno federal.
