La estrategia de defensa de la alcaldesa de Acapulco , Abelina López Rodríguez, se ha derrumbado ante los documentos oficiales. Luego de que la edil presumiera públicamente haber sido exonerada de las irregularidades en su cuenta pública, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) emitió un comunicado contundente para desmentirla: no existe tal "carta de liberación" y las dudas sobre el uso de recursos millonarios persisten.
La polémica estalló la semana pasada, cuando López Rodríguez declaró ante medios, en un tono desafiante: "Yo tengo carta liberada del 23 para callar bocas", refiriéndose al ejercicio fiscal 2023. Con esto, pretendía dar carpetazo a los señalamientos por la falta de comprobación de 898 millones de pesos.
ASE desmiente a Abelina López
Sin embargo, el pasado lunes 26 de enero, la ASE Guerrero publicó un documento aclaratorio para frenar la desinformación. El órgano fiscalizador precisó que el documento que presume la alcaldesa no es una liberación de cuenta pública, sino apenas un "pronunciamiento de solicitud de aclaración" referente al Ramo 28 (Participaciones Federales).
El verdadero problema —y donde están las observaciones graves— es en otro rubro completamente distinto: el Ramo 33, específicamente el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN). Es en este fondo donde la ASE inició un proceso de fiscalización estricto por los recursos ejercidos en 2023, y del cual la alcaldesa no ha logrado librarse.
La ASE pone los puntos sobre las íesEn su comunicado, la Auditoría fue tajante en tres puntos:
- No hay carta de liberación: Lo que recibió Abelina es un trámite sobre participaciones federales, no una exoneración de obra pública.
- Fiscalización activa: Se mantiene abierto el proceso de revisión al Ayuntamiento de Acapulco sobre el FAISMUN (infraestructura), conceptos y procedimientos "totalmente diferentes" a los que la alcaldesa menciona.
- Respeto a la Corte: La ASE aclaró que acatará lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia en la controversia constitucional promovida por el municipio, pero reiteró su postura de hacer cumplir la ley en el combate a la corrupción.
Mientras la alcaldesa intenta "callar bocas" con documentos que corresponden a otros temas, la incógnita sobre el destino de los casi 900 millones de pesos destinados a la infraestructura social de los acapulqueños sigue sin respuesta.
